Un total de 11 años y medio de cárcel se juegan en el juicio que prosigue hoy en la Audiencia de Zamora dentro del caso del fraude de 290.000 euros al Ministerio de Fomento el funcionario de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora y un trabajador de la UTE Rionegro que se encargaba del mantenimiento y conservación de las carreteras nacionales en Sanabria-La Carballeda, de la empresa Edype creada para comprar sal, buena parte adquirida en bacaladeras de Aveiro (Portugal), entre otras empresas.
El vigilante de Fomento
Se trata del vigilante y funcionario de Fomento, de iniciales P.F.N., al que el Ministerio Público acusa de un delito de prevaricación continuada por dar órdenes como empleado público a sabiendas de que eran contrarias a la Ley, infracción por la que se exige a la Audiencia que le imponga 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que implica que no podrá trabajar en ese tiempo en la administración; 2 años de cárcel por el delito de fraude continuado por el engorde de facturas a Fomento y 6 años más de inhabilitación especial.
Otros 3 años y medio de cárcel exigen que le impongan las magistradas de la Audiencia por el delito de cohecho y una multa de 5.400 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por otros 10 años por recibir algún tipo de beneficio, en este caso al reforma del baño de la casa que ocupaba, obra realizada por las empresas de la UTE Rionegro.
Por último, se le imputa un delito de apropiación indebida de 6.515,02 euros de la venta de biondas de la A-52 y la N-VI como chatarra por el que se solicita una condena a 2 años de reclusión o, alternativamente, si la Audiencia considera que es un delito de malversación de caudales públicos una pena de 4 años de cárcel e inhabilitación absoluta por ese mismo periodo.
Se trata del procesado defendido por el abogado Antonio Rodríguez, quien anunció que tratará de que la investigación del caso y todo el procedimiento judicial, por ende, se declare nulo.
El fundador de Edype, empresa que vendía sal
El otro acusado, de iniciales D.M.H., es el creador de la empresa Edype, primo del jefe de conservación y explotación del Ministerio, E.J.R.G. que acaba de ser condenado por la Audiencia de Zamora a 4 años y tres meses de prisión el lunes pasado y que fue administrador de esa sociedad encargada de servir sal a la Unidad de Carreteras desde la campaña de 2007 hasta 2012. La Fiscalía pide para D:M:H. una pena de 6 años de cárcel, acusado de estafar al engordar las toneladas servidas y el precio de la sal, que obtendrían gratuitamente o por precios simbólicos de 0,05 euros por tonelada en los bacaladeros de Aveiro, y las vendía desde Edype a la Unidad de Carreteras a precios de entre 55 euros por tonelada, según el escrito de acusación. Su defensa la lleva la abogada Carmen Juanes.
Son los dos únicos imputados de los doce por el caso del fraude a Fomento que se mantienen en el banquillo de los acusados al rechazar un acuerdo con la Fiscalía de Zamora, el mismo permitió reducir a la tercera parte las penas contra seis de los procesados sobre los que se mantuvieron los delitos de cohecho, prevaricación, estafa, fraude o apropiación indebida según el grado de participación en la trama.
Delitos reconocidos por 5 imputados ya condenados
Esos hechos que han admitido el resto de imputados que llegaron el lunes a un acuerdo con el Ministerio Público y a los que la Audiencia dictó sentencia in voce, es decir, en la misma sala de vistas conforme con los delitos reconocidos y las penas estipuladas por la Fiscalía y el Abogado del Estado tras conversar con sus abogados.
Esas conductas que perjudicaron al Ministerio de Fomento incluían el engordaban partidas de sal que se servían a la Unidad de Carreteras, se engordaban las facturas y se utilizaban tarjetas oficiales para pagar viajes, estancias en hoteles o spa, regalos u otro tipo de actividades de ocio. Los seis condenados acumulan 12 años de cárcel, condena que dictará la Audiencia tras los acuerdos a los que cada uno llegó el día 17 de octubre, justo hace una semana.
Todos los que son funcionarios de Fomento han sido suspendidos de empleo y sueldo entre un año y dos, en lugar de la inhabilitación que se les pedía inicialmente por la Fiscalía.
