Las ilegalidades cometidas con la sal para la temporada invernal, la estafa y el fraude al Ministerio de Fomento en Zamora entre 2008 y 2012 fueron detectadas y hubo un intento sin éxito de frenarlas por parte de los responsables de la empresa zamorana Contratas y Obras Públicas San Gregorio, que conformaba la UTE con la catalana Copcisa S.A. para el mantenimiento y conservación de las carreteras del sector ZA-4 Sanabria-La Carballeda.
La reunión de uno de los cuatro integrantes del consorcio de gerencia de la UTE, de iniciales G.G.B., con el funcionario y jefe de conservación y explotación, que acaba de ser condenado por la Audiencia de Zamora a 4 años y tres meses de prisión, E.J.R.G., no permitió, al parecer, terminar con el fraude que deriva en investigación judicial, el denominado caso de la sal. Los directivos no denunciaron las ilegalidades ni se tomaron medidas.
San Gregorio, que habría recibido presiones del exingeniero jefe de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora, R.T.R., condenado a 5 años y 9 meses de cárcel, para no interferir en ese funcionamiento fraudulento decidió salir de la UTE en la campaña 2007/2008. La sociedad zamorana conocía, según los testigos y de lo que no existen pruebas, que el funcionario jefe de conservación y explotación era administrador único de Transportes Castellanos Edype, creada por su primo e imputado, D.M.H., que será juzgado este lunes; y por el condenado a 2 años de cárcel, P.O.A. ya.
El vigilante de Fomento P.F.N., que se se enfrenta a 6 años y medio de cárcel está acusado de conocer esas ilegalidades y cometer prevaricación (dar órdenes como funcionario a sabiendas de su ilegalidad), fraude, apropiación indebida y cohecho, al igual que el técnico y funcionario encargado del sector ZA-4 de la red viaria de Sanabria, de iniciales S.S.S., ya condenado a dos años de prisión, por cohecho, la estafa, fraude y apropiación indebida. Edype, que sustituyó a San Gregorio, recogía sal de bacaladeras de Aveiro (Portugal) para venderla a Fomento en Zamora a precios elevadísimos.
Las irregularidades en la gestión
1- Desaparición de documentación e indicios.
La desaparición de toda la documentación hasta 2007 sobre la gestión de la sal y de la chatarra de la UTE Rionegro impidió a la Fiscalía de Zamora ratificar sus indicios sobre la responsabilidad de las dos empresas adjudicatarias y, por ende, de los cuatro directivos que fueron exonerados el día 17 de octubre, antes del juicio en la Audiencia, de los delitos de estafa y enriquecimiento ilícito de las empresas.
Se sospecha que al inicio de la investigación policial y judicial, cuando se ordena el registro de las oficinas de la UTE en Tordesillas, en Rionegro se destruye todo. Con el valor solo de los testimonios de los trabajadores que declararon durante la investigación judicial, con indicios pero sin documentos, la Fiscalía decide sacar de la causa penal al conocido ejecutivo y técnico zamorano Emiliano Alonso y a sus tres compañeros en la contrata, de iniciales B.M.C., J.I.M.M. y G.G.B., por falta de pruebas.
La empresa solo tendrá que responder subsidiariamente de los 45.000 euros de la responsabilidad civil que recae sobre E.J.R.G., quien era el jefe de conservación y explotación de la UTE, si este se declara insolvente tras la sentencia de la Audiencia de Zamora. A los directivos de Rionegro se les exigía 6 años de cárcel hasta el lunes pasado.
2- Sal pagada a 0,05 céntimos y vendida a 60 euros a Fomento.
Desde la empresa Edype, sus responsables (el gerente de la UTE, E.J.R.G.; el vigilante de P.O.A.; y el socio de esa empresa D.M.H.), recogían sal de las bacaladeras de Aveiro, a veces regalada por lo difícil que resulta desecharla, otras veces comprada al simbólico precio de 0,05 céntimos y vendida al Ministerio para su uso en las carreteras de Sanabria-La Carballeda por 60 euros la tonelada, es decir, por 1.200 veces el precio abonado.
Llegaron a facturar a Fomento entre 35.000 y 45.000 euros por el fundente, de acuerdo con los hechos que han admitido algunos condenados. Edpype, que trabajó 4 años para la adjudicataria Rionegro en Sanabria-La Carballeda, también adquirió algunas toneladas de sal en Remolinos (Zaragoza) por las que endosaba a la Unidad de Carreteras 28 euros por tonelada frente a los 55 o 60 euros del producto que traía de Portugal.
3- Albaranes engordados.
Los camiones de Edype que transportaban la sal portaban “cantidades muy inferiores” a las que reflejaban los albaranes, a veces se cargaba el doble de las toneladas que realmente se servían a Fomento. La descarga tenía que ser controlada por funcionarios, lo que no harían el técnico y vigilante condenados ya S.S.S. y P.F.N., mientras que, según testigos, era práctica habitual que los albaranes los firmaran empleados de la UTE, ni el encargado ni funcionario de Fomento, lo que no ha podido probarse. Al parecer, “ni se controlaban ni se pesaban los camiones de sal e, incluso, les habrían dicho que pusieran más o menos sal en los parte para cuadrarlos, en ocasiones”, órdenes que darían los encargados, según los testigos que han prestado declaración ante la jueza que investigó el caso.
4- Informe de Agencia Tributaria.
El análisis elaborado por la Agencia Tributaria arroja un desfase de toneladas facturadas a la UTE Rionegro en 2007 por Edype (de la que sostiene que dejó de pagar el impuesto de sociedades de ese año, 43.736 euros). Según la Agencia Tributaria, la empresa de los funcionarios compró en Portugal un total de 439 toneladas, pero facturó a la UTE, por tanto, al Ministerio, 2.406, lo que supone un desfase de 1.966 toneladas cuyo valor se repartiría entre los integrantes de esta trama.
5- Las trazas de pescado.
No solo la estafa afectaba a la cantidad, sino que la calidad era “mala al ser sal de desecho o ya utilizada, conteniendo trazas de pescado, espinas, y otras impurezas” que llegaron a atascar los quitanieves. Incluso, durante una época, “el fundente habría pedido de diferente color”, según los testimonios recogidos por Fiscalía. Esto implicaría que la sal que procedía de la ciudad portuguesa de Aveiro se transportaba sin cribarse o reciclarse.
6- Atasques de las máquinas y reparaciones continuas.
Los partes de las frecuentes reparaciones de las máquinas para solventar los atasques continuos corroboran esa ilegalidad que se traduce en estafa y fraude al Ministerio de hasta 290.721,13 euros en la única temporada invernal de la que se incautó documentación: 2007/2008. Con anterioridad a Edype, suministraban el fundente Ibérica de Sales, Unión Salinera y Fertilizantes Burgos.
Venta de chatarra y biondas; gastos en viajes, estancias en spa y regalos
La falta de pruebas, que no de indicios, no ha permitido a la Fiscalía de Zamora mantener el delito de infidelidad en la custodia de documentos para el que fue director de la Unidad de Carreteras en Zamora entre 2007 y 2012, Esteban Marino Alonso (que actualmente ocupa un alto cargo el Ministerio de Fomento en otra provincia y está a meses de su jubilación), ni al que era ingeniero jefe de la Unidad, alto funcionario de iniciales R.T.R. (que tiene pendiente un juicio imputado por fraude por la construcción de su chalé en Roales de más de 300.000 euros por empresas que trabajaban para la UTE Puebla de Sanabria, para lo que habría simulado que el dinero era para obras en el firme de la A-52 y la N-VI).
No pudo aclararse quién era el funcionario competente en esa custodia de documentos ni quien da la orden de eliminar los documentos. Sin embargo, Marino Alonso ha sido condenado por cohecho impropio a medio año de prisión y un año de suspensión de empleo y cargo público por beneficiarse de actividades de ocio que salían de las arcas del Ministerio.
Viajes, estancias en hoteles, regalos u otras actividades de ocio con dinero público, a veces con las tarjetas del Ministerio, eran algunas de las ilegalidades que han terminado en condenas por cohecho para varios de los ocho imputados.
El exingeniero jefe se condena por prevaricación porque como encargado de organizar el trabajo y dar órdenes a sabiendas de que se comete una ilegalidad, delito al que se añaden la estafa y fraude por los beneficios de la sal y el engorde de facturas.
El delito de apropiación indebida, por la venta de chatarra y biondas, incrementa las penas de cárcel al funcionario y jefe de conservación, E.J.R.G.; un delito por el que se condena también al técnico y funcionarios de la Unidad de Carreteras S.S.S., así como por fraude y cohecho, por adquirir un vehículo y cambiar ruedas con cargo a Fomento, en total dos años de prisión y 6 de inhabilitación de empleo y cargo público, junto a otro de suspensión de empleo y sueldo por un año.
La trabajadora de la UTE, R.M.I., se lucró con la venta de biondas, 25.000 euros que tendrá que devolver al Ministerio de Fomento, y una multa de 360 euros. Por último, su compañero de iniciales P.O.A. tiene una condena a seis meses de cárcel y deberá pagar 35.000 euros.
