El Tribunal Supremo tendrá que determinar, finalmente, si se revoca la declaración de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León para la macrogranja de Carbajales de Alba, anulación denegada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León al entender que acceder a la exigencia de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente Tierra de Alba implicaría que se pudieran revisar todas las decisiones de las administraciones públicas.
Una sentencia que la Plataforma ha recurrido ante el Supremo, mientras puntualiza que el TSJ no descarta que la explotación porcina de Carbajales pudiera suponer un peligro para la salud pública ni se pronuncia sobre la presunta ilegalidad de la misma, sino que se limita a desestimar “por una cuestión técnica” el recurso de revisión de la declaración de impacto ambiental.
La Plataforma insiste en que la industria porcina “es una explotación industrial (así la define el decreto del porcino), que se va a instalar en suelo rústico, sin la autorización excepcional de uso de suelo rústico y sin declaración de interés público, por lo que entendemos que las licencias y autorizaciones no se ajustan a la ley”.
Recuerda que “no dispone de autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para la construcción del pozo de Sondeo ni para el suministro de agua para la instalación”, pese a la información hecha pública. Al tiempo, reafirma su postura contraria estos dos permisos e indica que “aún no se ha resuelto el expediente” relativo a ambas cuestiones.
Otro recurso pendiente de resolver en el Juzgado Contencioso de Zamora se refiere a la licencia de obras para levantar la instalación porcina, ya que sostiene que no cumple la normativa urbanística. Estima, pues, que debe revocarse, puesto que no se ajusta a la normativa, como tampoco lo hace el proyecto de obra presentado para pedir el permiso municipal para la construcción.
A ese respecto, la Plataforma destaca que el Ayuntamiento de Carbajales de Alba “aún no ha remitido al Juzgado el expediente completo” de esa solicitud de licencia de obras a pesar de que existen “6 requerimientos”. Los integrantes de esta organización concluyen que “no se entiende que la obra esté parada desde julio de 2021si tienen los permisos y los juzgados dicen que es todo legal”.
