Caso de la sal | El Ministerio detectó la baja temeraria de la UTE Rionegro con camiones viejos
El ingeniero jefe de Carreteras del Estado contrató a Copcisa-San Gregrorio “a sabiendas” de contravenir el pliego, según la Audiencia
Los integrantes del consorcio de gerencia de la UTE absueltos. / Emilio Fraile
La corrupción en la Dirección Provincial de la Unidad de Carreteras de Zamora y la UTE Zamora Rionegro (Copcisa-Grupo San Gregorio) para cometer delitos de estafa, fraude, apropiación indebida contra el Ministerio de Fomento; de prevaricación, cohecho contó con una trama bien tejida entre 2006 y 2012 por funcionarios y por empleados de la adjudicataria de la conservación y el mantenimiento de la red viaria en la zona, según se deriva de una detallada lectura del centenar de folios de la sentencia Audiencia de Zamora.
A tal punto llegaron los incumplimientos del contrato desde el mismo proceso de licitación que el Ministerio de Fomento “requirió a la empresa” adjudicataria a que “justificara la baja temeraria”, apunta en las sentencia la Audiencia de Zamora como hechos probado, descritos en 69 páginas. La UTE se limitó a replicar “que tiene un amplio parque de maquinaria en propiedad totalmente amortizado”.
La UTE aportó fichas de maquinaria y fotos, matrícula y potencia, sin precisar la fecha de matriculación y sí los años de compra, indica la sentencia. Los máximos responsables de la UTE fueron dejados fuera del procedimiento por la Fiscalía y el Abogado del Estado por considerar que no tenían competencia en la gestión.
A esa licitación concurrieron otras 22 empresas, si bien la UTE Copcisa-San Gregorio vuelve a hacerse con el contrato con 92 puntos sobre 100. El ingeniero jefe de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora, el condenado de iniciales R.T.R., adjudicó el contrato, y el director provincial del área, su superior inmediato, el condenando Esteban Marino, lo rubricó.
Todo, a pesar de que la UTE incumplía las condiciones en cuanto a antigüedad de los 14 camiones ofertados, un año más de los cinco permitidos, que se puntuaron con 28 de 30 puntos máximos estipulados en la licitación. Otro incumplimiento del pliego fue el sistema de geolocalización, de GPS exigido en las quitanieves, de entre 8 y 10 años de antigüedad, en mal estado de conservación, “usadas en otras obras y excediendo los seis meses de trabajo al año que exigía el pliego”.
Esas carencias no impidieron que R.T.R. concediera “17 de los 20 puntos posibles” a las quitanieves de esta UTE. Por contra, “resulta destacable que algunas de las empresas que ofrecieron todas las máquinas quitanieves nuevas obtuvieron 18, 19 o 22 puntos de 30” establecidos (Elsan-Pacsa, Dragados y Sacyr), añade la magistrada ponente Ana Isabel Morata.
Abogada de la defensa del dueño de Edpyp y del vigilante absueltos en el juicio. / JOSE LUIS FERNANDEZ
La geolocalización no fue posible porque los GPS estaban inutilizados “por sus continuos fallos y manipulaciones” para “no dejar constancia de la cantidad de sal esparcida”, sin que el R.T.R cumpliera con su función de control, indica el Tribunal. Debía mantener las máquinas, en todo momento, en contacto con el centro de conservación y otras oficinas de Carreteras, para conocer su ubicación exacta y comprobar si funcionaban correctamente. Hubo, incluso, “rotura intencionada de antenas y cables cortados y la manipulación de la tarjeta SIM, colocándole papel debajo para que no hubiera comunicación entre el vehículo y la base de datos de la UTE”.
La Audiencia confirma prácticas ilícitas de los seis condenados, funcionarios y trabajadores de la UTE, a los que se impone cárcel, inhabilitaciones para el ejercicio de empleo o cargo público, suspensiones de empleo y sueldo o multas por defraudar 209.721 euros en menos de un año. así como indemnizaciones a Fomento por 188.000 euros.
La sentencia pone más que en solfa la gestión del exdirector de la Unidad, Estaban Marino, condenado por cohecho; y, especialmente de R.T.R., quien “redactó el pliego de prescripciones técnicas”, y tuvo una “constante intervención a lo largo de la vida y desarrollo del contrato”.
Las maniobras causaron perjuicios a 22 empresas
La condena por prevaricación del ingeniero jefe de la Unidad de carreteras se basa en que fue quien confeccionó las cláusulas del contrato, y, “conscientemente y a sabiendas”, lo adjudicó a la UTE Zamora Rionegro, oferta que valoró “por encima de otras empresas que habían ofrecido mejores condiciones técnicas (vehículos nuevos, GPS)”, apunta textualmente la jueza.
El alto funcionario adjudicó ese contrato a Copcisa-San Gregorio y concedió “una valoración inferior” a las 22 sociedades restantes que aspiraban a prestar el servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, una decisión que era “a todas luces vulneradora de las normas que rigen la contratación administrativa”.
Las dos fiscalas y el abogado del Estado, que ejercieron la acusación pública. / ANA BURRIEZA
En definitiva, el ingeniero jefe “permitió el incumplimiento” de la legalidad y a lo largo de la duración de la adjudicación pagó a la UTE Zamora Rionegro “como si el contratista realmente estuviera cumpliendo” las condiciones a las que se comprometía, “sin realizar ningún tipo de observación o control al flagrante incumplimiento que se estaba llevando a cabo”.
El ingeniero jefe, R.T.R. estafó y cometió fraude al Ministerio con el engorde de facturas de sal, la venta de biondas reutilizables; el uso de coche, combustible, hoteles y comidas con cargo de la adjudicataria. Prácticas estas últimas que explican la condena por cohecho a Marino.
El engorde de facturas de sal compradas para el deshielo de carreteras se tradujo en “un lucro económico” para R.T.R., el ingeniero jefe del Ministerio en Zamora y responsable del control del contrato de la UTE Rionegro.
De esos ingresos ilegales participó el jefe del Centro de Explotación (Coex) de la UTE, de iniciales E.J.R.G. ; y el trabajador P.O.A., que crearon en 2007 Edype para transportar la salobtenida a 12,5 céntimos el kilo o gratis de Portugal y vendían a Rionegro a entre 55 y 60, al menos, 300 toneladas, según la Agencia Tributaria en la temporada invernal 2007-2008.
Edype fue “una actuación más para perjudicar los intereses del Ministerio de Fomento, con conocimiento de R.T.R., que presionó a la UTE para que pagasen las facturas a esa firma y no prescindieran de los servicios de E.J.R.G.”, dice la Audiencia. Copcisa-San Gregorio se planteó su despido al conocer su actividad empresarial. En esta sociedad, domiciliada en la casa del vigilante P.O.A., participó el imputado absuelto, D.H.M., primo del jefe del Coex.
Atasques de quitanieves por las espinas y manipulación por los GPS
La sal procedente de bacaladeras portuguesas fue comprada por miles de kilos por Edype, según las sentencia, aunque la Agencia Tributaria solo pudo acreditar el fraude de más de unas 300, pudo acreditarse que provocaba “continuos atasques” en las quitanieves.
La magistrada concreta que se usada para el deshielo a pesar de “no resultar apta para tal fin” al contener restos de pescado, espinas y piles, se indicó en el juicio.
La ponente del fallo judicial da por bueno el testimonio de uno de los encargados de la UTE Zamora Rionegro que explicó en el juicio que tuvo que modificar y cambiar los filtros de la planta de salmuela. Y se remite a los “partes de reparaciones de las máquinas intervenidos a la empresa Infonorte encargada de realizar las reparaciones”.
Las condenas / L.O.Z.
De 2007 a 2010, “se produjeron numerosas incidencias en la época invernal que se comunicaban al jefe del Coex”, E.J.R.G., a quien se la indicó que el GPS de un camión se colocó en otro diferente y se manipuló el sistema para no ser detectada la irregularidad.
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