“Todos conocían las ilegalidades, participaban y colaboraban”, cometieron los delitos de estafa, fraude, cohecho, apropación indebida o malversación de caudales públicos en perjuicio del Ministerio de Fomento, de hasta 290.721 euros en menos de un año, según la investigación judicial sobre la gestión de la sal, las biondas y las chatarras de la UTE Rionegro (Copcisa-Grupo San Gregorio).
El caso de la sal cifra la desaparición de, al menos, 200 toneladas de sal y 100 de biondas en el sector de la red varia estatal ZA-4 de Sanabria-La Carbelleda, según la acusación de la Fiscalía Provincial y de la Abogacía del Estado.
Esa afirmación de las fiscalas cerraba sus conclusiones en la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Zamora para mantener la petición de entre 2 y 4 años de prisión para el vigilante de Fomento en el centro de conservación de Rionegro del Puente, de iniciales P.F.N., por apropiación indebida o malversación de caudales públicos.
La imputación del funcionario deriva de los 18.000 euros que este habría percibido tras el reparto entre funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora y empleados de la UTE de beneficios de la venta de biondas, “que eran del Ministerio, al que no se comunica la existencia” de esos elementos “reutilizables”, como exigía el contrato de adjudicación del servicio para la red viaria estatal Sanabria-La Carballeda, según las dos acusaciones públicas.
“El funcionario del Ministerio no tiene que gestionar nada”, sostuvo la Fiscalía se remitió al testimonio de responsables de la empresa Ceinsa que repuso barreras en la carretera N-525, “los trabajadores de la UTE le dijeron que depositara las retiradas en un punto concreto del centro de conservación porque las iban a vender”, a pesar de que “no son de la UTE”, recalcó la representante de la acusación pública.
Frente al procedimiento legal y generalizado de “la subasta por parte de Fomento", los procesados deciden entablar “contactos comerciales con chatarrerías a través de P.F.N., él llamaba y preguntaba el precio” de los quitamiedos, agregó el Ministerio Público, de ahí su “colaboración directa” en el delito, una práctica que se prolongó entre 2006 y 2011, “y algún año se nos habrá escapado”.
La fiscala no dudó en apuntar que “la pista de los sobres con dinero” que entregaban las chatarrerías “se pierde una vez llegan a manos de este acusado”. Advirtió que esto “no es legal aunque se hiciera en otras UTES”.
A esa imputación, suma la obra en casa del vigilante (cambio completo del baño) por emplados de la UTE, facturada al Ministerio como limpieza del centro de Rionegro. Definida por el abogado del acusado como “una pequeña avería”, que “ni se comunica ni se le pide el arreglo” a Fomento como “titular de la casa”, reiteraron Fiscalía y Abogacía del Estado.
“Sal a mayor precio que otras empresas y con restos de bacalao”
Edype, creada por tres imputados, uno de ellos el actual dueño de iniciales D.H.M. al que se exigen 6 años de prisión y 110.000 euros de indemnización al Ministerio, llega a facturar 215.922 euros de sal a la UTE en la temporada invernal de 2007-2008. Sal de salazón que “no se sirve al mismo precio que otras empresas”, según la Fiscalía y el Abogado del Estado, ya que llega a cobrar hasta 55 euros por tonelada, frente a los 38 de otras sociedades que venían trabajando con Fomento “y con certificado de calidad”.
Se acusa a D.H.M. de entregar mercancía con restos de bacalao, “exceso de espinas y de pieles”, fundente de secaderos de Aveiro y de El Algarve que Edype recogía gratis o por 0,05 euros por tonelada. “La empresa se asegura el contrato con el Ministerio a través” de uno de los fundadores y administradores, “del jefe de conservación y explotación de la UTE, E.J.R.G.”, ya condenado a prisión.
Se trata del empleado de Copcisa-San Gregorio que es primo del titular de Edype juzgado desde el 17 de octubre en la Audiencia, tras rechazar un acuerdo con las acusaciones públicas.
Las sospechas del fraude en la venta de biondas y en la sal lleva a la UTE a colocar cámaras en el centro y nombrar a un trabajador que llega de Madrid para controlar la gestión en el centro de conservación de carreteras de Rionegro del Puente.
Para entonces, la Agencia Tributaria había detectado “un desfalco”, y la Fiscalía y el Abogado del Estados sostienen que los imputados y los ya condenados participan en la manipulación de matrículas de camiones, albaranes y facturas para simular que se servía más fundente del que llegaba realmente a Sanabria.
“Impartir justicia solo a pobres y fabricar acuerdos”
“Justicia para ricos y para pobres”, esa es la vara de medir que vino a colocar en las manos de la Fiscalía Antonio Rodríguez, el abogado del funcionario y vigilante del Ministerio de Fomento, P.F.N., a la que acusó de cometer “un desaguisado, fabricando conformidades, con cambios bruscos” según quiénes fueran los imputados.
“Se incumplió con la imparcialidad” y “con el principio de igualdad, impartiendo justicia a los pobres”, al poner de manifiesto, vino a decir el abogado, que existe “una justicia para ricos y otra para pobres, como mi cliente”. La magistrada que presidió el juicio en la Audiencia reconvino al letrado, quien apeló a los “once años de instrucción del caso” y aludió a “la libertad de expresión” para justificar su discurso.
De inmediato, Rodríguez subrayó que “a ningún empresario, ni alto directivo, se les ha perseguido” en este asunto que calificó de “hueco”. Reprochó la Fiscalía que exculparan penalmente a los cuatro altos cargos de la Copcisa-San Gregorio, para los que mantuvo la responsabilidad civil, el pago las indemnizaciones si no responden los seis condenados que llegaron a acuerdo y de su cliente si resulta culpable.
