El alcalde de Castroverde de Campos, el conocido político Cecilio Lera Blanco, ingresó en prisión provisional e incondicional el martes acusado de un delito de inducción a la prostitución a una menor de edad de su pueblo, a la que habría ofrecido dinero a cambio de tener sexo con él en la tarde del 24 de noviembre pasado, según la denuncia que investiga ya el Juzgado de Villalpando, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El regidor municipal de 68 años de edad fue denunciado, en un principio, por la Guardia Civil por un delito de corrupción de menores ante la Juzgado de Villalpando. Sin embargo, la Fiscalía de Menores, tras escuchar a la niña, de unos 14 años, y al acusado, pidió a la juez que se le investigue por inducción a la prostitución, así como el ingreso inmediato en prisión sin fianza por la gravedad del hecho. Un delito que está castigado con penas de cárcel de entre 4 y 8 años si la víctima tiene menos de 16 años, como parece el caso. Además, el Código Penal fija una multa de doce a veinticuatro meses en la cuantía que se estime oportuno en sentencia según la gravedad de los hechos.

El cargo público, expulsado del PSOE tras acumular sendas condenas por amenazas y violencia de género, ha alegado que estaba ebrio cuando realizó la propuesta a la niña, que reside con sus padres en Castroverde, localidad de la que el investigado viene siendo regidor desde 1979, cargo que ha asumido ya en funciones su teniente de alcalde.

La Guardia Civil investiga qué ocurrió cuando el político salió tras la menor del bar en el que ambos estaban, hacia las 16.00 horas, cuando la denuncia detalla que Lera Blanco se habría dirigido a la presunta víctima para proponerle una cantidad de dinero, al parecer superior a los 200 euros, si quería estar con él. La denuncia inicial recogería testimonios de vecinos del bar que podrían aportar algún dato sobre la conducta de quien es aún su alcalde oficialmente.

La decisión de la juez se basaría en pruebas que corroborarían la versión ofrecida por la menor cuando, acompañada por sus padres, comunicó a la Guardia Civil de la localidad el comportamiento de Lera Blanco hacia ella.

De lo que parece que no existen pruebas es de que el alcalde se hubiera excedido en el consumo de alcohol, salvo las declaraciones de personas que estaban en el bar y que le vieron esa tarde bebiendo en exceso en el establecimiento hostelero y con síntomas de estar embriagado, según fuentes consultadas por este diario.

El mandatario municipal acudió este martes al Juzgado de Villalpando a requerimiento de la juez para tomarle declaración por este supuesto delito, una comparecencia que le llevó directamente a Topas ante la dureza del fiscal especialista en Violencia de Género.

Antecedentes penales

En la decisión judicial de imponer prisión incondicional influirían los antecedentes penales todavía vivos del acusado, como la condena por violencia de género hacia su exmujer; así como la dictada por la Audiencia Provincial de Zamora el 28 de junio de 2018 por un delito de lesiones leves y amenazas que supuso la apertura del expediente de expulsión del PSOE, al que ni siquiera llegó a comunicar que estaba imputado por este último delito, una falta grave o muy grave para el partido.

Más recientemente, fue condenado por circular con su vehículo bajo los efectos del alcohol, lo que le ha supuesto la retirada del carné de conducir hace apenas un mes. No era la primera vez que Lera Blanco acababa en el banquillo de los acusados por su adicción al alcohol. Ahora, la Fiscalía le aplica el artículo 188 del Código Penal que especifica que “el que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad (...)” será castigado, “si la víctima fuera menor de 16 años, a la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses”.

En desintoxicación por dos años, tras ser condenado por violencia de género

El ingreso incondicional de Cecilio Lera Blanco en la cárcel por el delito de que se le acusa ahora, inducción a la prostitución de una menor, parece estar también condicionado por la condena a dos años de prisión por un delito de violencia de género contra su exesposa, una condena que sigue vigente porque la juez accedió a sustituir la pena por dos años de tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol, tratamiento del que le restaban meses por cumplir. Esas suspensiones se condicionan a que el reo no delinca durante el tiempo de la condena, en este caso los dos años, lo que le conduce a cumplir la pena íntegra de prisión.

La denuncia interpuesta por la menor de Castroverde de Campos y la apertura de diligencias policiales podrían complicar el establecimiento de una fianza para que el alcalde de ese municipio pudiera abandonar de forma provisional el centro penitenciario de Topas hasta que tenga lugar el juicio. Asimismo, comenzaba a cumplir otra condena por conducir ebrio, con retirada de carné.