La Junta cambia una vez más los criterios de la desescalada para dar certidumbre a los ciudadanos. Parece enrevesado, pero esta es la explicación que ayer ofreció el vicepresidente Francisco Igea a la hora de explicar las fases de la desescalada en esta crisis del coronavirus que vendrá en las próximas semanas. Punto uno: no se relajarán las medidas hasta que la media de ocupación de las UCI de toda la comunidad sea inferior al 35%. Una vez se alcance esa cifra, solo promocionarán las provincias en las que la unidad de críticos tenga ocupadas menos del 25% de sus camas. Mientras, nada. Es decir, esta semana, la desescalada no avanza en la comunidad. Ni abre el interior de los bares, ni los gimnasios, ni los centros culturales —muchos ya anunciaban programación para los próximos días— ni se permiten reuniones de más de cuatro personas.
Si todo va bien —el vicepresidente estimó que los grados de ocupación anunciados se alcanzarán a principios de la semana que viene— la desescalada echará a andar y las provincias pasarán al nivel de alerta 4. Promocionarán, como mínimo cada dos semanas, y siempre que la ocupación UCI no repunte y, este es el punto dos, siempre que la tendencia de la incidencia sea a la baja. Un sistema similar al de primavera, cuando se avanzaba de fase cada dos semanas para consolidar el levantamiento de las restricciones.
Igea consideró que el nuevo criterio es el más adecuado para “evitar desescaladas muy rápidas” que puedan tener efectos contraproducentes. Sin embargo, admitió que es la propia Junta la que ahora incumple los criterios de desescalada que rigen en el famoso “semáforo” al que se echó mano para justificar el aumento de las restricciones en enero. Con los criterios del Consejo Interterritorial de Salud —únicos para todo el país, aquellos por los que la Junta tanto luchó— en la mano, Zamora tendría que estar en nivel de alerta dos. Estos criterios, argumentó Francisco Igea, estaban “muy limitados” porque “no había medidas extra para incidencias que multiplicaban por cuatro o por ciento los datos establecidos como máximos”. Cuando se han usado, explicó el vicepresidente, “hemos visto rebrotes” y, si se vuelve a hacer, “podemos encontrarnos en una situación inestable”. “Creemos que tener en cuenta las UCI y bajar de fase en fase da más certidumbre”, puntualizó el vicepresidente de la Junta. “Vamos a seguir el camino de relajar las medidas despacio, progresivamente y atendiendo a nuestra capacidad hospitalaria y a la evolución de la incidencia”, zanjó Igea tras la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario largo, que acabó casi dos horas más tarde de lo previsto. Preguntado por si hubo tensiones en el seno del Ejecutivo regional Igea reflexionó: “Pobre aquel Gobierno que, en esta situación, no tenga que discutir las medidas a adoptar”.
Además, la consejera Verónica Casado explicó que pedirá una revisión del semáforo COVID-19, ya que por encima de la incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes y hasta los 1.500 a los que han llegado muchas autonomías, se pueden tomar muchas medidas que, desde su punto de vista, deberían ser consensuadas.
El plan de acción ante la cada vez más cercana celebración de la Semana Santa ocupó capítulo aparte en el Consejo. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, confió en que haya “unidad de acción” en las medidas para frenar el impacto del COVID-19, algo en lo que “ya trabajan Ministerio de Sanidad y autonomías”, a diferencia de lo que ocurrió en Navidad, cuando cada comunidad decidió su forma de actuar.
El plan se debatirá en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —hay convocada una reunión mañana—, al que la Junta acudirá con la premisa de la prudencia y las recomendaciones de su Comité de Expertos, que pasan por que la Semana Santa no sea diferente al resto y que cualquier medida de desescalada sea en función de la evolución epidemiológica y de manera pausada.
De otro lado, la Junta de Castilla y León cambiará el decreto de infracciones por no cumplir las medidas COVID de manera que una sanción considerada grave conlleve el cierre de establecimientos con el objetivo de no penalizar a los cumplidores y sí a los incumplidores.
Así lo apuntó Francisco Igea, quien aseguró que se lo han planteado a los representantes de los sectores más perjudicados, en la reunión mantenida el pasado viernes, y tienen su apoyo. Esta propuesta se trasladó a los representantes empresariales de hostelería, turismo, gran distribución e instalaciones deportivas. Según Igea, los representantes de estos colectivos les transmitieron que “están muy cansados”, lo que comprende la Junta de Castilla y León que también les trasladó que todas las personas que hayan solicitado ayudas de la Junta de Castilla y León y cumplan requisitos las van a percibir.
Así las cosas, los sectores más afectados por las restricciones miran desde ahora al próximo lunes, cuando hay convocado un nuevo Consejo de Gobierno que analizará el avance de la pandemia.
