Castilla y León ante la nueva financiación autonómica

El acuerdo de financiación autonómica entre el Estado y las comunidades lleva diez años caducado. La última reforma se produjo en 2009, con el compromiso de abordarlo, de nuevo, cada cinco años. Pero tocar el sistema de reparto de los fondos estatales entre las autonomías (todas, excepto País Vasco y Navarra, que tienen sus propios conciertos) equivale a resolver un Sudoku de complejidad extrema en cuanto a encontrar una solución que contente a todos, además de constituir, en sí mismo, una auténtica bomba de relojería en un patio político donde las posibilidades de acuerdo son mínimas. Sin embargo, el debate ha sido una constante y la llamada a la reforma del modelo también, aunque con objetivos tan diferentes como distintas son las posturas de cada autonomía. Por ello, los discursos son diversos e incluso enfrentados entre territorios de idéntico signo político. Si Madrid aportó en un año 6.300 millones de euros al sistema de financiación que nutre de recursos a las comunidades de régimen común, Castilla y León, que recibió del Estado 1.886 millones, está entre las regiones con saldo positivo (le llega más dinero del que aporta), solo por debajo de Galicia, Canarias y Andalucía.

Desde mediados de los años 80 del pasado siglo XX, el Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, fundamentalmente la sanidad, los servicios sociales y la educación. El baremo del reparto tiene en cuenta, de manera ponderada, la población. A pesar de los índices correctores que se aplican, el resultado suele ser el de que, a mayor población, mayor aportación del Estado. Pero, por una mera operación matemática, las más pobladas se encontrarán entre las más perjudicadas si se divide la cantidad proveniente de los diversos fondos entre el total de habitantes de la región.

El modelo actual no contenta a nadie. El Fondo de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es el que, habitualmente, emite los informes que analizan la situación de la financiación en cada territorio. En el más reciente apuntaba a Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha como las cuatro "infrafinanciada"’, es decir, aquellas con un coeficiente por habitante más bajo, precisamente por estar más pobladas. El Ministerio de Hacienda ha cerrado la puerta a una posible compensación con un fondo adicional de 3.000 millones de euros solicitados por los presidentes de las cuatro autonomías señaladas, que improvisaron una sonada "minicumbre" en la inauguración de la feria turística Fitur.

A juicio de los que resultan ser "el club de los pobres" por renta y razones demográficas, el cálculo actual es injusto pese a la aplicación de ciertos índices correctores

Ese "eje" escenificado por las comunidades oficialmente infrafinanciadas demuestra el carácter transversal de la cuestión, que carece de color político concreto. De hecho, algunas autonomías gobernadas también por el PP ya han expresado su malestar por el "corrillo" en el que estaban otros compañeros de filas que gobiernan con mayoría absoluta (Andalucía) o con pactos con Vox (Murcia y Valencia). Así que ese frente común que proponía Castilla y León para exigir el cambio de modelo se antoja poco menos que imposible.

Castilla y León, como Extremadura, Asturias o Galicia, resultan ser comunidades en las que, teóricamente, la cuantía por habitante es muy superior. El estudio de Fedea concluye que la aportación por cada castellanoleonés es de más de 3.150 euros al año frente a algo más de 2.000 por cada valenciano (la autonomía con menor impacto). A juicio de los que resultan ser "el club de los pobres" por renta y razones demográficas, el cálculo actual es injusto pese a la aplicación de ciertos índices correctores. Los gastos en sanidad y servicios sociales son mucho mayores en las provincias y comunidades más envejecidas y extensas, como es el caso de Zamora y del resto de Castilla y León, sistemáticamente en caída libre cuando el INE actualiza los datos demográficos.

Otra cuestión a tener en cuenta: la mayoría de los fondos que constituyen la financiación autonómica provienen de la recaudación por IRPF e IVA. Aquellas regiones más pobladas tienen, por tanto, mayor capacidad recaudadora porque suelen coincidir con zonas de economía más dinámica, de mayor renta y, como consecuencia, de mayor consumo. Los intereses son tan dispares que exigirían un pacto solidario de una altura política inaudita en los tiempos de polarización que corren.

A la mayoría de autonomías, salvando la crítica abierta al saldo favorable asegurado por la fiscalidad foral de País Vasco y Navarra, además del trato de privilegio concedido a Cataluña por su apoyo a la formación del Gobierno de Sánchez, solo las une la reivindicación del cambio de modelo de financiación, a todas luces obsoleto. Pero los intereses son tan dispares que exigirían un pacto solidario de una altura política inaudita en los tiempos de polarización que corren. Todo hace pensar que, si hay reforma, lo será en forma de parches que, probablemente, no contentarán ni a unos ni a otros. Y patada adelante hasta la siguiente legislatura, como viene ocurriendo desde hace 15 años. Seguirá, así, la duda de si el Estado podrá saldar deudas históricas con comunidades como la castellanoleonesa, en la que se disparan los gastos sociosanitarios mientras el talento joven sigue emigrando a los grandes núcleos, más ricos en términos de renta y, sin embargo, infrafinanciados por el paraguas estatal bajo los criterios actuales.

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