Otro exitazo de don Mariano

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha anulado el calendario laboral del 2023 salido de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones (Vox). La sentencia no tiene desperdicio y viene a corroborar lo que los sindicatos (el sentido común y la decencia política) vienen denunciando casi desde que don Mariano tomó posesión de un departamento llamado a ser esencial, pero que, hasta ahora, no ha generado más que polémicas, marcha atrás en logros adquiridos y la sensación (o constancia) de que tales competencias no están precisamente en las mejores manos. Ni el señor Veganzones, ni quien lo propuso y respaldó, García-Gallardo, ni quien acabó nombrándolo han hecho autocrítica como si el titular de Industria, etc, etc fuera intocable y no tuviera que responder ante superiores de mayor enjundia política. ¿Y es intocable? Parece que sí, que los gobiernos de coalición tienen estas servidumbres, y si no que se lo pregunten a Pedro Sánchez con Irene Montero tras lo ocurrido con la aplicación del "Solo sí es sí".

El fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ sobre el calendario laboral del 2023 no tiene, en realidad, una aplicación práctica; los puntos de fricción ya han pasado y el año agoniza. Sin embargo, su valor simbólico es altísimo y algunos párrafos y conclusiones tenían que llevar a Fernández Mañueco a ordenar a Veganzones que los copie cien veces y que se los aprenda de memoria. Verbigracia: uno que dice que el citado calendario obedece a una decisión "discrecional que no responde a los fines de interés público"; que es "arbitraria y, por ello, contraria a Derecho". ¿No habíamos quedado, don Mariano, en que los cargos institucionales, además, bien pagados, tienen que velar por "el interés público" y que no deben tomar decisiones "discrecionales, arbitrarias y contrarias" a Derecho? Se ve que el camarada Veganzones no fue aquel día al cole o que su libro no tenía esa página, como solía asegurar un chaval de mi pueblo cuando no se sabía una lección.

No gustaba a nadie y, además, nos va a costar 2.000 euros, que, claro, no va a pagar el señor Veganzones; los pagaremos todos… salvo que los de Vox aflojen el bolsillo y salgan al rescate de su consejero. A escote nada es caro

La sentencia del TSJ, que da la razón a CC OO, desmonta los argumentos esgrimidos por la Consejería de Empleo para justificar el cambio de fechas festivas. En realidad, lo único que pretendía don Mariano era cargarse el puente de Villalar dada la inquina que él y los suyos le tienen al Día de Castilla y León y a la concentración popular en las eras del pueblo comunero. Por eso, no pasó la fiesta del 23 de abril, que caía en domingo, al lunes 24, como parecía lógico y reclamaban sindicatos, empresarios y la hostelería. Pues bien, tras varias reuniones con criterios cambiantes del consejero, don Mariano tiró por la calle de en medio y, hala, la fiesta del 23 de abril se pasa al 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Solo le faltó conmemorar también la famosa batalla de Clavijo.

Eran tan flojas, tan raras, las "razones" argüidas por el señor Veganzones que el TSJ asegura que "no ha habido consulta efectiva previa a la determinación de las fiestas laborales". Y también que "en la memoria del proyecto no se exponen las razones que justifiquen la opción de calendario laboral que se aprueba". Más párrafos de la sentencia: "No se acepta la opción unánimemente aprobada y sí, en cambio, la que menos gusta a todos los que representan los intereses directamente afectados por la norma". O sea que Veganzones no pensó en favorecer a los afectados, sino en su obsesión partidista (esto no lo dice el TSJ, lo añado). Y lo añado porque don Mariano escribió que el objetivo era "mejorar la propuesta para el sector comercio". Pues no, la sentencia le dice que "no tiene justificación".

Es muy significativo, asimismo, que el TSJ hable también de que no se tuvo en cuenta el Estatuto de Autonomía de Castilla, que establece el 23 de abril como fiesta de la comunidad. Es decir, que don Mariano ignoró, le hizo un corte de mangas, a nuestro estatuto, él que reclama legalidad a todo el mundo. Tampoco, según la sentencia, aportó memoria justificativa, ni dio participación a los agentes sociales, ni consultó con el Consejo Regional de Trabajo, ni respetó la libertad sindical. De ahí, que el TSJ diga que "no buscaba mayor consenso, sino la imposición de una opción que no gustaba a nadie". No gustaba a nadie y, además, nos va a costar 2.000 euros, que, claro, no va a pagar el señor Veganzones; los pagaremos todos… salvo que los de Vox aflojen el bolsillo y salgan al rescate de su consejero. A escote nada es caro.

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