El nuevo plan contra incendios, solo un primer paso para la gestión medioambiental en Zamora

Incendio en la Sierra de la Culebra el verano pasado.

Incendio en la Sierra de la Culebra el verano pasado. / Emilio Fraile

Editorial

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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León acaba de dar el primer paso para corregir una política en la lucha contra incendios que el pasado año costó a Zamora una dolorosa herida en daños personales, económicos y medioambientales. Un primer paso que atañe a la aprobación, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de este pasado jueves, del Decreto Ley para la agilización del operativo, además del Plan Anual en la lucha contra el fuego.

Más medios, humanos y materiales, y más dinero, destinados a la extinción y la prevención, 143 millones de euros para toda la comunidad, según expuso el consejero Quiñones, con el objetivo de garantizar una rápida respuesta ante una situación, la de la sequía y el estado de los bosques en un proceso de despoblación de los núcleos rurales, que se agrava por momentos.

Aunque la Consejería se cuida de no citar expresamente el cambio climático admitido por toda la comunidad científica, en su informe sí que refleja fielmente las consecuencias de la crisis global cuando expone el panorama al que toca hacer frente. Reconoce que los incendios forestales no se circunscriben ya a una época determinada. La realidad es que se producen durante todo el año. De hecho, en los poco más de tres meses que van de 2023 se han registrado 346 en territorio castellano leonés, afortunadamente, ninguno de grandes dimensiones, aunque sea ya un indicio más que preocupante a medida que los meses avanzan hacia épocas, tradicionalmente, más secas. La sequía sigue presente, los pantanos de la Cuenca del Duero se encuentran por debajo del 70%. Abril ha marcado temperaturas récord propias del verano y, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en lo que va de año ha llovido un 75% menos de la media de la última década. Las predicciones hablan de la llegada de otro verano “abrasador”.

Una multitud de causas que favorecen la aparición, en muchos casos intencionada, de fuegos que, en tiempo récord, alcanzan una elevada intensidad y grandes proporciones, hasta el punto extremo y pavoroso de lo dictaminado hace poco menos de un año en el escenario de la Sierra de la Culebra: “inextinguible”. Así que sí, tal y como exponen los responsables autonómicos, “es necesario anticiparse al máximo en reforzar el operativo”.

Las medidas que acaba de aprobar la Junta garantizan una dotación de medios humanos y materiales suficiente para poder acometer en las mejores condiciones y con mayores capacidades los nuevos tipos de incendios, a la misma altura, aseveran, que en las regiones y países de nuestro entorno.

La normativa y la planificación resultan tan vitales que requieren de la máxima aprobación. El consejero presume de haber conseguido el consenso social con el acuerdo firmado con los sindicatos en septiembre del pasado año, aunque a finales de marzo se produjeron protestas por las condiciones laborales, que, según los representantes de los trabajadores forestales, entrañaba la puesta en práctica del decreto ley creado, expresamente, para facilitar la movilización de efectivos. Es de esperar que el conflicto quede solventado en las mesas de negociación, de forma que se remunere y se reconozca adecuadamente a los profesionales que se juegan la vida, y a veces, como bien se sabe en Zamora, la pierden, intentado preservar bienes y al resto de la población. Profesionales que deben acceder a una formación continuada para poder enfrentarse con garantías y seguridad a los incendios de nueva generación, porque si no, el esfuerzo presupuestario será casi inútil.

La realidad ha pasado por encima de todas las trasnochadas políticas de conservación medioambiental y solo cabe afrontar el problema como lo que es: una emergencia por la que Zamora no debe pagar nunca más el altísimo precio del último verano

Y sería deseable que el acuerdo se llevara también al plano político. Lo último se antoja más bien imposible. Lo vimos en la, de nuevo, bronca sesión de las Cortes del último martes, donde se habló, o se voceó más bien, mucho sobre la fracasada astracanada del concierto “benéfico” y bastante menos sobre la necesidad de contar con una postura unánime que facilite la integración y el papel de todas las administraciones, de cualquier partido, en una tarea de importancia vital para el territorio.

Porque todos tienen su parte alícuota de responsabilidad, incluida la Administración central, que ha lanzado su propio decreto ley para el establecimiento de operativos, cuyo cumplimiento exige a las comunidades autónomas, sin haber desarrollado, previamente, la base legal de dicha normativa. Si lamentables son las actitudes de los políticos, sobre todo en tiempo electoral, igual de insidioso resulta el laberinto burocrático que enmaraña cuestiones de primer orden, como es el caso.

Y sí, ciertamente, como señala con dedo acusador la Junta, hay elementos que dependen del Estado que deben corregirse con urgencia. Es evidente que se necesita mayor inversión desde ese fondo de financiación autonómico por reformar para facilitar el mantenimiento del patrimonio medioambiental en aquellos territorios menos favorecidos económicamente. Y que deben reequilibrarse las políticas de regulación de la fauna salvaje, incluido el lobo, además de favorecer la agricultura extensiva y el mantenimiento del paisaje agrícola que impida el avance descontrolado de masas vegetales. Pero eso significa, en definitiva, que sigue pendiente conocer con detalle un plan de gestión de los bosques adaptado a cada territorio, que se intensifiquen durante todo el año las labores de prevención para eliminar el “combustible” que permanece en los bosques por falta de limpieza. Que urge la aún pendiente renovación del plan de emergencias Infocal, sin tocar desde 1999 y que establecía el 15 de julio la temporada alta de incendios y cuya reforma se anuncia ahora. La realidad ha pasado por encima de todas las trasnochadas políticas de conservación medioambiental y solo cabe afrontar el problema como lo que es: una emergencia por la que Zamora no debe pagar nunca más el altísimo precio del último verano.

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