¿Se trata solo de un conflicto de intereses?

Para evitar que se hable de cosas más importantes, como por ejemplo de la pifia del “solo sí, es sí” o de los juicios que tiene en danza el PP, alguien se ha encargado de sacar a la palestra un affaire que flotaba en el ambiente desde hacía tiempo, un affaire que el que más y el que menos lo barruntaba, cual era el viso de corrupción que aleteaba sobre el mundo del fútbol. Y es que son muchos los millones que mueve ese negocio, que antes solo fue un deporte.

Ya en el periodo 2016-17 un estudio de la consultora Pricewaterhouse decía que el fútbol profesional en España generaba unos ingresos anuales superiores a los 16.000 millones de euros, un 1,37% del PIB, dando trabajo a 185.000 empleados. Quiere esto decir que cuando se mueven tantos intereses económicos y el control no es, o no era, precisamente estricto, cabe o cabía pensar que se pudieran producir pufos de todos los colores. Pero, el caso es que hasta ahora solo salían a la luz, y además de guindas a brevas, algunos pequeños chanchullos que, casualmente, solo afectaban a algún club de los denominados pequeños.

En el hipotético caso de que esas presuntas actuaciones arbitrales hubieran influido en los resultados de los partidos hubiera sido fácil detectarlo, debido a la cadena de personas que podrían estar involucradas en ello

Sería de ingenuos pensar que los clubs permanecieran al margen de caer en la tentación de aprovecharse de los insuficientes controles para enmascarar gestiones u operaciones económicas en los traspasos de jugadores, o en la ingeniería financiera utilizada para escaquear pagos a la hacienda pública. De hecho, algunos de esos casos terminaron en su día en los juzgados. Pero lo que no se había investigado, o al menos hecho público hasta ahora, eran presuntos chanchullos que pudiera haber en los arbitrajes, donde el pitido de un silbato puede decidir el resultado de un partido y con ello la consecución de un triunfo o de un torneo, lo que viene a decir en la posibilidad de mejorar o no la cuenta de resultados de una sociedad deportiva.

Es precisamente ahora cuando se ha sacado el caso de un exárbitro, además vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante la friolera de veintitrés años. Tal personaje, al parecer, simultaneaba su cargo en la Federación Española de Fútbol (RFEF) con la participación en una empresa que, presuntamente, vendía información al F.C.Barcelona. A este respecto, algunos opinadores nacionales, dejan caer que también influía en los arbitrajes en aras a ayudar a su cliente a obtener buenos resultados. Indudablemente, de ser así la película, se habría tratado de un delito envuelto en un claro conflicto de intereses.

Las informaciones de estos días apuntan que ese individuo habría conseguido contratos por siete millones de euros durante el periodo 2001 a 2018, cantidad considerada desproporcionada por los medios de comunicación. Pero, si bien siete millones de euros es mucho dinero, si lo analizáramos en su contexto veríamos que podría no serlo tanto. Y es que siete millones repartidos entre 18 años ofrece una cifra de 400.000 euros por año. Habida cuenta que cada año los equipos de la primera división juegan 38 partidos de liga, además de los correspondientes a la Copa del Rey y otros trofeos, como la Supercopa, podría considerarse un total de 50 partidos al año. Es decir, que se habrían pagado unos 8.000 euros por partido. ¿Es esa una cantidad exagerada para clubs de fútbol que tienen 800 millones al año de presupuesto? ¿Alguien piensa que por esa cifra no habría habido otros clubes tentados a participar de esa misma artimaña? No parece que sea ese el camino a seguir en la investigación.

Tampoco involucrar al colectivo arbitral, pues esos teóricos 8000 euros por partido deberían repartírselo entre los cinco presuntos actuantes: el citado subdirector, el Comité de Designación de Arbitraje(CDA), formado por tres miembros y el propio árbitro del partido en cuestión (Todos pertenecientes a la RFEF), o sea que tocarían a unos 1.600 euros cada uno.

Así que no parece muy acertado enfocar el caso siguiendo la vía del “cuanto”, sino la del “porqué”, o la del “a cambio de qué”.

Parece lógico pensar que en el hipotético caso de que esas presuntas actuaciones arbitrales hubieran influido en los resultados de los partidos hubiera sido fácil detectarlo, debido a la cadena de personas que podrían estar involucradas en ello. Porque esa cadena habría podido constar de 56 personas (el susodicho vicepresidente del CTA, el comité que nombraba a los árbitros para cada partido, los 20 árbitros que actúan cada año, y los dos que se han ido rotando, durante esos 18 años). Ante tal cadena sería difícilmente explicable que el pufo no se hubiera llegado a conocer hasta ahora.

Otra hipótesis que viene manejándose es la de que el susodicho vicepresidente del CTA presuntamente hubiera actuado al estilo de la mafia, o sea, amenazando a los clubes con arbitrajes sesgados, o sacando a la luz determinadas informaciones (en este caso al F.C.Barcelona) si no le abonaban determinados emolumentos.

Sea cual sea el tumor, requiere extirparlo de raíz, aunque, vistas las implicaciones económicas que conlleva, quizás a muchos les interese que se le dé un tratamiento conservador para salir del paso.

Termino con una de las ultimas viñetas del humorista Riki Blanco en la que un individuo hace la siguiente reflexión: “Si mis ídolos son personas corruptas, narcisistas, infantilizadas y sin ningún atisbo de ética, imagínate como seré yo”.

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