Más lobos en Europa, más protección para nuestros ganaderos

Durante los últimos 30 años, desde que se ratificó la Directiva de Hábitats en 1992, la población europea de lobos ha crecido exponencialmente. Según los biólogos, el factor más importante en esta recuperación ha sido la reforma de la legislación que mejoró su estado de protección, es decir, la Convención de Berna y la citada Directiva.

La propagación de las manadas ha sido muy rápida, ya que el lobo es una especie muy adaptable y capaz de vivir incluso en áreas agrícolas y densamente pobladas. Los lobos también pueden recorrer largas distancias e instalarse en zonas muy alejadas.

Este aumento en el número de lobos está provocando grandes retos medioambientales y agrícolas, tanto en la fauna silvestre como, sobre todo, para los ganaderos, que están sufriendo importantes daños.

En Francia, el Gobierno estima que los lobos matan cada año entre 10.000 y 12.000 cabezas de ganado. En Austria, el número de animales asesinados por lobos en 2020 fue de 680, un aumento del 230 %. Y en España la situación es todavía peor. La población de los lobos en nuestro país se ha disparado de tal modo que, tan solo en Galicia, que apenas representa el 5 % de la superficie española, hay tres veces más lobos que en toda Francia. Las Comunidades Autónomas más afectadas son Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, que concentran más del 93% de los ejemplares de lobos en España.

Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de contribuir a la solución, ha prohibido la gestión cinegética de la especie indiscriminadamente en todo el territorio. Esta decisión puramente ideológica y radical se ha adoptado además en contra del sector ganadero e ignorando a las Comunidades Autónomas más afectadas.

La Directiva de Hábitats no debe ser un carril de un solo sentido que conduzca siempre a una protección cada vez más estricta, sino un procedimiento que se base en evaluaciones científicas

El incremento de los ataques de lobo provoca que cada vez más ganaderos abandonen el pastoreo, agravando la despoblación del medio rural e incluso acentuando el riesgo de incendios. Esta situación requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades nacionales y también de las europeas.

Una de las cuestiones fundamentales es adaptar el nivel de protección del lobo. La Directiva de Hábitats no debe ser un carril de un solo sentido que conduzca siempre a una protección cada vez más estricta, sino un procedimiento que se base en evaluaciones científicas. Así, cuando las poblaciones crecen, se debe reevaluar su estado de protección. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza así lo afirmó en el año 2018 al clasificar al lobo como “especie de menor preocupación” en la la UE debido al gran incremento de su número.

El Grupo Popular Europeo, tras haber estado presionando durante más de un año para que se debata este asunto, logró por fin el pasado mes de noviembre que los otros grupos políticos se dieran cuenta de la necesidad de abordar la situación. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que es clara y contundente: la Comisión debe evaluar periódicamente el estado de conservación de las especies y modificarlo tan pronto como se alcance el estado deseado.

En respuesta a las demandas de los eurodiputados, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha encargado un análisis en profundidad de los problemas que plantea el incremento de la población del lobo.

Europa está haciendo sus deberes. Es el momento de que el Gobierno de España rectifique y permita una gestión cinegética activa, como le piden tanto el Parlamento Europeo como ahora también la Comisión Europea.

El profeta Isaías anticipa que en el Reino de los Cielos “el lobo y el cordero pastarán juntos” y “no harán mal ni dañarán” en todo el monte. Sin embargo, y en contra de lo que puedan pensar en el Ministerio de Transición Ecológica, los ganaderos españoles no viven todavía en el paraíso. Si queremos preservar el futuro del mundo rural debemos poner fin a la ceguera ideológica ecologista en España y en Europa y garantizar una coexistencia equilibrada y consensuada entre depredadores y ganaderos.

(*) Juan Ignacio Zoido Álvarez es eurodiputado del PP, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Francisco Millán Mon es eurodiputado del PP

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