El Gobierno hará valer sus acciones en Telefónica y pedirá entrar en el consejo

El Gobierno quiere hacer valer su irrupción en el accionariado de Telefónica. El Ejecutivo ha reconocido contar ya con una participación del 3,044% de la teleco, en una operación destinada a contrarrestar el desembarco de Arabia Saudí en el capital de la compañía española y su plan de controlar hasta un 9,9% a través de la estatal Saudí Telecom (STC). El Gobierno español admite que su intención es tener presencia directa en el consejo de administración de Telefónica.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que el Ejecutivo pretende solicitar al menos un asiento en el consejo de administración de Telefónica. En una entrevista con La Sexta, el ministro ha sido preguntado directamente por la posibilidad de que el Gobierno reclame un sillón en el órgano de gobierno del grupo de telecomunicaciones y la respuesta ha sido un “sí, por supuesto”, aunque sin desvelar si ya se manejan nombres concretos para representar al Estado español en el consejo de la teleco.

“No me corresponde a mí” decidir quién será el representante, ha zanjado Cuerpo, en referencia a que la entrada en el capital se ha ejecutado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding industrial público dependiente del Ministerio de Hacienda, y siguiendo el mandato del Consejo de Ministros de tomar una participación en la teleco de hasta un 10%.

“Para Telefónica, que esté el Estado, que es un socio estable y de largo plazo, es una buena noticia”, ha apuntado el ministro, evitando confirmar la posibilidad de que el Gobierno impulse la entrada en el accionariado de otras compañías que se consideren estratégicas, especialmente en el fabricante ferroviario Talgo por la opa en ciernes del grupo húngaro Magyar Vagon. "Creo que la reflexión en torno a nuestras empresas estratégicas no tiene tanto que ver con la presencia del Estado o no. Esto es más una discusión de los años 90”, ha apuntado, a pesar de la vuelta del Estado al capital de Telefónica o el reforzamiento de la participación pública de control en Indra.

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No en esta junta

SEPI ha confirmado a la CNMC contar con un 3,044% de acciones de Telefónica, pero fuentes financieras apuntan la posibilidad de que controle ya también un 2% adicional a través de derivados financieros, con la intención de aflorarlo en breve. A pesar de que, de manera aritmética, para tener derecho a un asiento en el consejo de administración se requiere una participación del 6,7% de la teleco, con ese eventual 5% que ya controlaría SEPI podría reclamar un asiento, dado que CriteriaCaixa y BBVA cuentan con paquetes en ese entorno y tienen ambas un consejero.

La entrada de la SEPI permitirá conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles para blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégico. El nuevo núcleo duro de accionistas lo integrarían la propia SEPI con el actual 3% y hasta el 10%, junto a los dos grandes socios que han venido dando estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo: el BBVA (4,87%) y CaixaBank (con el 2,51% tras reducir su participación esta semana el 1%, pero que suma otro 2,56% en manos Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa).

Telefónica ya ha emprendido la renovación de su consejo de administración sin esperar eventuales cambios futuros por la sacudida accionarial, tanto por la entrada del SEPI como por la irrupción de Arabia Saudí. El grupo celebrará el próximo 12 de abril su junta general de accionistas, y en ella se aprobará la renovación de Isidro Fainé como consejero dominical en representación de CaixaBank, así que como la ratificación del nombramiento de dos nuevos consejeros independientes y la renovación de otros cuatro miembros independientes más.

Para cuando SEPI reveló su participación en Telefónica, ya había expirado el plazo para pedir cambios en el orden del día de la junta de accionistas. Si el Estado quiere hacer valer cuanto antes su paquete accionarial en el grupo y pedir la entrada en el grupo, el 3% actual le da derecho a solicitar la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas. Si no lo hace, su llegada al consejo de administración tendrá que esperar a la junta ordinaria del próximo año.

Desde Telefónica no se valora la posible presencia en el consejo de los eventuales nuevos accionistas (el Estado español o el Estado saudí), pero sí se insiste en confirmar que, en cualquier caso, se blindará a la mayoría de consejeros independientes en representación de la mayoría de accionistas minoritarios: actualmente los independientes ocupan 10 de los 15 asientos del órgano de gobierno).

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Llegar al 10% “lo más rápido posible”

El Gobierno ha iniciado el desembarco del Estado español en el accionariado de Telefónica con la compra del l 3% a través y pretende completar su objetivo de alcanzar el 10% y convertirse en su mayor accionista “lo más rápido posible”. El Ejecutivo pretende defender la autonomía y la españolidad de Telefónica para contrarrestar la irrupción en su accionariado de Arabia Saudí y su intención de tomar una participación del 9,9%.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento estratégico y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total.

Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, sus planes de alcanzar una participación del 9,9% y el Gobierno español ahora toma medidas para contrarrestarlo. De momento, la teleco saudí cuenta con un paquete directo del 4,9% y derivados financieros por otro 5% adicional que aún debe ejecutar. STC debe pedir permiso al Gobierno si quiere ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9% o, sin superarlo, si pide un asiento en el consejo de administración del grupo español. Siete meses después de la operación, la operadora saudí sigue sin mover ficha y no ha formalizado la petición.