Castilla y León presentará alegaciones a la UE para flexibilizar la protección al lobo

La Junta de Castilla y León presentará alegaciones ante la Comisión Europea para solicitar el cambio en la situación legal del lobo y flexibilizar su protección, tras el periodo abierto por Bruselas. Además, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anima a las organizaciones profesionales agrarias a "hacer lo propio" de cara a la consecución del cambio en la situación legal del cánido.

Así se lo hizo saber el consejero a las organizaciones agrarias en la reunión mantenida con sus representantes para informarles de los últimos acontecimientos en el contexto de las instituciones europeas sobre la problemática de superpoblación del lobo, que "causa daños a la ganadería", según informó la Junta de Castilla y León en un comunicado.

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El consejero destacó la importancia de mantener un equilibrio entre la conservación del lobo, una especie protegida, y la protección de los intereses de los agricultores y ganaderos locales, quienes han expresado preocupaciones legítimas en relación con la convivencia de esta especie en sus zonas de actividad.

Las organizaciones agrarias, por su parte, expresaron su disposición a colaborar activamente en este proceso y aportar sus perspectivas y conocimientos en las alegaciones que presentarán ante la Comisión. Se espera desde la Junta que "este diálogo y la participación activa de todas las partes interesadas contribuyan a encontrar soluciones adecuadas y sostenibles para la gestión del lobo en Castilla y León".

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El lobo era una especie protegida al sur del Duero, pero no al norte, donde se fijaban cupos de caza. Sin embargo, en septiembre de 2021, se incluyó el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que supuso la oposición de varias comunidades del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco).

Paralelamente, siete Estados miembros de la UE (Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rumanía y Eslovaquia) solicitaron a la Comisión Europea la revisión de la situación de los grandes carnívoros en la Unión, especialmente del lobo, para "saber en qué medida la legislación actual está adaptada para hacer frente a la amenaza creciente de los grandes carnívoros y para conservar las tierras agrícolas ricas en biodiversidad".

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Los citados países alertaron de que la población de lobos en Europa continental, que se estima en 17.000 ejemplares, podría aumentar de forma exponencial a razón de un 30% anual, por lo que solicitaron un sistema de vigilancia europeo armonizado y sistemático para recoger datos precisos y actualizados sobre las poblaciones de este cánido, y que se autorizasen derogaciones en el régimen de protección estricta y una posible regulación de la densidad en las regiones para las zonas más afectadas.

También reclamaron que se contemplase una financiación adicional fuera de la PAC para poner en marcha medidas de protección de los rebaños, los sistemas de vigilancia y un régimen de compensación para los ganaderos en caso de pérdidas en el próximo marco financiero plurianual de la UE, que se aplicará entre 2028 y 2034.

El 24 de noviembre de 2022 se pronunció el Parlamento Europeo, dictando una Resolución sobre la protección de la ganadería y de los grandes carnívoros en Europa en la que se reconoció el problema y se pidió a la Comisión y a los Estados numerosas acciones en defensa de la ganadería, de la población y del mundo rural, en una posición claramente alineada con la flexibilización de la normativa.

Un día después, el 25 de noviembre de 2022, se envió una carta de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, dando instrucciones a los servicios de la Comisión para trabajar en el sentido acordado por el Parlamento.

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Con posterioridad, los días 26 y 27 de junio de 2023, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea llevó a debate, a petición de Rumanía, el aumento de la población de grandes carnívoros y la amenaza que representan para los seres humanos y los animales, así como la necesidad de tomar medidas.

El 4 de septiembre de 2023, la Comisión Europea invitó a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre sobre la población de lobos y sus repercusiones, abriendo así un proceso para la posible revisión del estatus legal del lobo en Europa, en el que ahora la Junta presentará alegaciones para pedir la flexibilización en la protección del lobo.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) aporta unos 20 millones de euros anuales desde 2022 para apoyar a las administraciones competentes en la convivencia con el lobo ibérico en el medio rural, según un documento al que ha accedido EFE.

De esta cifra, incluida en los Presupuestos Generales del Estado, se han destinado a las indemnizaciones por ataques de lobos al ganado unos ocho millones en 2022 y está previsto otro tanto en 2023. Por comunidades autónomas, la que más ha recibido por esta causa es Castilla y León (3.998.070 euros), seguida de Asturias (1.921.380), Cantabria (875.130), La Rioja (276.210), Castilla-La Mancha (93.000), Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).

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En relación a las cifras para medidas preventivas, en 2022 se destinaron 7.008.620 millones de euros. Castilla y León también fue la comunidad autónoma que más fondos recibió con 4.854.400 euros, seguida de Asturias (1.740.450), Cantabria (777.975,00), La Rioja (196.800), Castilla-La Mancha (95.325) y Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).

Según el documento, la solicitud de la Comunidad de Madrid "no se pudo atender por llegar fuera del plazo" para la fiscalización de fondos de 2022. Además, según el mismo texto, Galicia de "forma voluntaria" decidió no suscribir la Estrategia nacional, por lo que no se transfirió la cantidad de 1.949.280 millones de euros para los daños al ganado y otros 2.407.725 millones para la adopción de medidas protectoras.

El Miteco señala asimismo, que España ha impulsado durante los últimos años "un enfoque basado en la aplicación de medidas preventivas y en la indemnización" de los daños registrados por el lobo sobre las actividades del medio rural, para "tratar de lograr la coexistencia" entre la ganadería extensiva y el lobo. Apunta, no obstante, que no dispone de información "detallada y homogénea" sobre el destino que las comunidades han dado a las partidas económicas transferidas, "lo que puede poner en peligro el acceso el año próximo a este dinero".