La Junta contrata cinco cuadrillas nuevas para la prevención de incendios en Zamora
Realizarán trabajos selvícolas debido al estrés hídrico que sufre la vegetación, que multiplica la probabilidad de sufrir grandes fuegos
A. B.
El Consejo de Gobierno ha conocido esta mañana la declaración de emergencia, realizada el 5 de mayo de 2023, para la contratación de cinco cuadrillas de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en la provincia de Zamora, por un importe de 922.622 euros. La urgencia vino motivada por la ola de calor que se produjo en esas fechas, hecho insólito en época tan temprana.
La emergencia en la contratación de estas cinco cuadrillas para la provincia de Zamora vino justificada en la concurrencia de una serie de circunstancias imprevistas durante la preparación de la presente campaña de incendios, entre ellas, la ola de calor que se estaba produciendo a principios de mayo de 2023. De hecho, como consecuencia de las altas temperaturas registradas en fechas tan tempranas, la vegetación sufre un estado de estrés hídrico muy relevante, lo que hace que las probabilidades de grandes incendios se multipliquen en un año excepcional.
Las cuadrillas, que se contrataron por periodos que oscilan entre uno y cinco meses, se ubicaron en Benavente, Fonfría-Figueruela, Pías-Porto, Zamora-Campos-Pinares, Pías-Porto y Muelas-Espadañedo. Su labor es preventiva y se centra en actuaciones sobre el arbolado (podas, desbroces, fajas auxiliares y semejantes), así como otras encaminadas a la prevención de incendios forestales, como limpieza de áreas recreativas. Así mismo, están disponibles para cualquier actuación inmediata de extinción de fuegos, integradas en el operativo de extinción contra incendios forestales de Castilla y León.
La extinción de incendios forestales tiene la consideración de emergencia, de acuerdo con el contenido del Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León, así como la consideración de servicio esencial para la asistencia ciudadana, conforme a la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
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