La Junta de Castilla y León levantará “lo antes posible” las restricciones que impone la Ley de Montes en las superficies afectadas por un incendio forestal, en este caso el de Lober de Aliste, especialmente en lo tocante al aprovechamiento de pastos y el cobro de las ayudas de la PAC. Así lo confirmaba ayer la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, en la reunión de coordinación mantenida en la Diputación con representantes de la institución provincial, Subdelegación del Gobierno, alcaldes de Gallegos del Río y Vegalatrave, ganaderos afectados por el fuego y organizaciones agrarias.
“Vamos a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para limitar al máximo esos cinco años de restricciones y vamos a estudiar caso a caso porque no se puede hacer una excepcionalidad general” precisó Clara San Damián.
La coordinación y sintonía entre las administraciones fue la tónica dominante en la reunión celebrada en la Diputación, donde Junta, Diputación y Subdelegación del Gobierno entonaron el “todos a una” para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados, una veintena de Domez de Alba y Vegalatrave. “Lo importante es buscar soluciones; aquí todos somos iguales y no hay protagonismo de nadie” expresó Jesús María Prada, presidente en funciones de la Diputación de Zamora tras destacar la “coordinación y el trabajo fructífero de todas las Administraciones para buscar soluciones y dotar de ayudas a las personas afectadas por el incendio, agricultores y ganaderos especialmente comprometidos con el medio rural.
Clara San Damián confirmó que se estudiarán los casos “uno a uno” para tomar las decisiones necesarias y “limitar al máximo” esa penalización de cinco años que establece la ley en zonas afectadas por incendios para que los agricultores y ganaderos puedan aprovechar los pastos y verse afectados lo menos posible por el cobro de las ayudas de la PAC.
Estas eran las principales reivindicaciones de los ganaderos presentes en la reunión, dos en representación de los aproximadamente 20 afectados entre Vegalatrave y Domez de Alba, y también de las organizaciones agrarias, con sus presidentes a la cabeza Lorenzo Rivera (Coag), Antonio Medina (Asaja) y Aurelio González (Upa).
Si no se levantan las restricciones no se puede optar a las ayudas europeas, recordaron las organizaciones agrarias, que se mostraron satisfechas de los compromisos expuestos en la reunión y destacaron la “solidaridad” y rápida respuesta del sector con los compañeros afectados.
Los productores afectados piden “hechos” y corredores para el tránsito del ganado
Otra de las medidas anunciadas por la representante de la Junta es la “tramitación urgente” del levantamiento de corredores para dar de comer y beber a los animales. “A solicitud de los titulares de los aprovechamientos se van a hacer levantamientos selectivos (no generales) de los acotados según las necesidades. Todo eso está en la ley, se puede hacer y vamos a intentar que sea lo antes posible para los ganaderos que lo necesiten”.
Ismael Rey, ganadero de Vegalatrave, agradeció la respuesta de las administraciones pero a la vez apeló a que los compromisos no se queden en “palabras, sino hechos y que todos estén al pie del cañón”. Reclamó ayuda en toda la tramitación administrativa porque “vivimos a 50 kilómetros de Zamora y tenemos que atender todos los días al ganado; si tenemos que venir a Zamora dos o tres veces a la semana, vamos a andar mal”.
La Diputación complementará la ayuda con la compra de forraje para los animales
Juan Antonio Vega, ganadero de Domez de Alba, incidió en que “tenemos que sacar el ganado de casa ya porque son animales acostumbrados a salir todos los días y se están estresando”.
Javier Faúndez, vicepresidente tercero y diputado por la comarca de Aliste, recordó las dos partidas de 5.000 euros aprobadas por la institución provincial para el transporte de alimentos (paja y forraje) donado por ganaderos a sus compañeros de Domez y Vegalatrave afectados por el incendio. Dotación que se complementará con la compra de forraje por parte de la Diputación para garantizar la alimentación a vacas y ovejas en los próximos meses.
Faúndez añadió que se pondrá el parque de maquinaria a disposición de los ayuntamientos para hacer reparaciones de caminos. En ese sentido la Junta también asumirá los daños que la maquinaria de esta administración haya provocado en mobiliario y fincas como consecuencia de la extinción del incendio forestal más grave de Zamora y de toda la comunidad de Castilla y León.
Un operativo de 525 personas para actuar en un incendio que costó 320.000 euros a Administración regional
El fuego declarado en Lober de Aliste el pasado 15 de agosto movilizó “uno de los operativos más importantes en materia de incendios en la provincia de Zamora”, confirmó Clara San Damián. Fueron 30 horas de trabajo de “máxima intensidad” con la colaboración de 525 personas, además de cientos de vecinos, que hicieron frente al fuego en condiciones de “calor extremo, vientos muy desfavorables y focos secundarios que pusieron muy difícil la extinción”. Arrasó un total de 1.934 hectáreas, de terreno forestal (53,35 %) y agrícola (44,31 %). Las investigaciones en torno a su origen apuntan a la mano humana aunque “sin intencionalidad”. La delegada territorial cuantificó el coste de las labores en 320.000 euros, en que respecta al operativo de la Junta de Castilla y León. Además se movilizaron medios del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias.
Una labor de coordinación que ayer destacaron los representantes de las tres administraciones: Junta, Diputación y Subdelegación del Gobierno. El subdelegado accidental del Gobierno, Dionisio Ferrero, explicó las vías de ayuda estatales; por un lado los seguros, ayudando a los afectados en la tramitación de las ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, las ayudas contempladas en el decreto de emergencias del Ministerio del Interior y la solicitud de declaración de zona catastrófica que la Subdelegación tramitará de forma conjunta.
La delegada territorial se refirió también a los seis cotos de caza afectados por el incendio, aclarando que el control de daños producidos por la caza mayor o que retrasen la regeneración de los hábitats no se verá afectado por las restricciones que establece la Ley de Montes.
