La Junta aprobó ayer un techo de gasto no financiero para 2023 de 12.470 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,57 por ciento, respecto al 2021, el último presupuesto aprobado, prorrogado este ejercicio, es decir, casi 1.490 millones más, hasta el dato más alto de la historia. Así lo destacó ayer el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien explicó que la cifra crece por el importante aumento de los fondos europeos vinculados al programa Nueva Generación y a la subida de la recaudación tributaria en los impuestos cedidos por la inflación. Carlos Fernández Carriedo también aclaró que el techo de gasto podría ser mayor pero sufre una merma por la rebaja en las transferencias del Estado por la eliminación de los fondos COVID, así como por el impacto de una reducción “drástica” del objetivo de déficit público.
La estimación de 12.470 millones deriva de un escenario macroeconómico con un importante descenso de la previsión de crecimiento del PIB; 1,6 por ciento, frente a una previsión de cierre del ejercicio del 3,3 por ciento (rebaja la previsión inicial del 4,9 por ciento). “Existe un claro deterioro del ritmo de crecimiento y en las expectativas de crecimiento”, lamentó, pero constató que la previsión de subida del PIB en términos reales es “prudente” sobre todo respecto al 2,1 por ciento del Gobierno de España y permitirá recuperar el dato prepandemia.
Carriedo indicó que se seguirá creciendo, lo que permitirá reducir la tasas de paro hasta una media del 10,1 por ciento, frente al 10,3 por ciento de este año. En términos de empleo, se crecerá un 2,3 por ciento, frente al 2,7 por ciento de esta año. El portavoz también puso de relieve que el déficit público se reducirá hasta el 0,3 por ciento, desde el 0,8 por ciento de este año, lo que supondrá un “esfuerzo muy importante”, que sitúa a la comunidad de nuevo “en la senda hacia la estabilidad presupuestaria” que deberán recorrer ya “seguramente en 2024”.
Carlos Fernández Carriedo desglosó los ingresos del techo de gasto y constató que los no financieros alcanzarán los 12.267 millones, un 18,7 por ciento más que en 2021.
El consejero de Economía y Hacienda también expuso que prevé cerrar el año que viene con un endeudamiento global por debajo del 21 por ciento del PIB. La expectativa, dijo, es que “se pueda reducir”, porque el aumento del déficit es menor que el del PIB en términos nominales.
Carriedo recordó que Castilla y León es una de las autonomías con menos deuda, un 20,9 por ciento del PIB, frente a una media del 24,9 por ciento, y defendió la apuesta del Ejecutivo regional por una política presupuestaria “responsable” y por trabajar por un “control de los niveles de deuda y déficit”.
Por lo que se refiere al acuerdo de su partido, PP, con su socio de Gobierno, Vox, sobre el reparto de las partidas, indicó que “solo quedan por definir matices de algunas cifras” dentro de unas enormes cuantías.
El consejero respalda la intervención de Gallardo en Bruselas
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Gobierno respalda las palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en Bruselas en lo referente a las políticas sobre población y materia energética y ha puntualizado: “Cada uno tiene una forma de hablar”. En concreto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, reclamó al Comité Europeo de las Regiones más políticas a favor de la natalidad y las familias y “menos fanatismo climático”, un punto este último sobre el que Fernández Carriedo no se ha querido referir a la Agenda 2030. Fernández Carriedo ha insistido en que la Junta respalda en su conjunto la importancia de que en la UE se apueste por política a favor de la población, de la “familia” y de la “natalidad”. “Es un aspecto que siempre hemos defendido en la UE, mayor peso en la agenda pública del apoyo a la familia y a la natalidad”, ha señalado. Del mismo modo, Fernández Carriedo ha apoyado también la idea de que se avance hacia una mayor autonomía desde el punto de vista energético desde la premisa de que la política energética de la UE camine hacia el autoabastecimiento.
