Vía libre a la demolición de una construcción ilegal en el camino de Valmonio en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente acomenterá la demolición subsidiraria de una construcción ilegal en el camino de Valmonio, en zona inundable, para cumplir la sentencia firme del Contencioso-Administrativo y restaurar la legalidad.

El pasado mes de febrero inició el procedimiento de contratación del servicio “Elaboración de la memoria de demolición construcción ilegal”, mediante la modalidad de contrato menor, que incluye la dirección facultativa para cumplir con la restauración de la legalidad urbanística conculcada.

El Ayuntamiento invitó a presentar presupuesto a nueve empresas y arquitectos locales y adjudicó en 1.427 euros la redacción de la memoria de derribo a la oferta más ventajosa de las seis que finalmente respondieron a la invitación.

La actuación prevista

Las obras consisten en la retirada de una cubierta ilegal de aproximadamente 150 metros cuadrados, ejecutada con estructura de madera y cobertura de teja. Del mismo modo incluyen la eliminación de los elementos ejecutados para su instalación, tales como el pilar y los recrecidos de muros, y el desmontaje del tendejón de chapa adosado al lindero sur de la parcela, de aproximadamente 50 metros de cuadrados.

En la ejecución de la obra se trata de recuperar y acopiar aquel material que pueda ser reutilizado, según recoge el decreto de adjudicación de contratación de los trabajos de redacción de la memoria.

"Tras el correspondiente proceso contencioso administrativo, la orden de restauración de la legalidad sobre las referidas obras resulta firme, por lo que el Ayuntamiento de Benavente dará cumplimiento a la misma llevando a cabo su ejecución subsidiaria, la cual ya cuenta con la preceptiva autorización judicial", indica la resolución municipal.

Según los datos catastrales, la construcción está emplazada en una parcela de suelo rústico de 6.420 metros cuadrados de los que 180 metros estarían ocupados por la superficie construida. Las obras objeto de demolición fueron objeto de un expediente sancionador y de restauración de la legalidad tras constatarse que se ejecutaron sin licencia hace más de ocho años. La propiedad recurrió judicialmente las decisiones urbanísticas municipales que han sido confirmadas reiteradamente por los tribunales.

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