Tan peliagudo que, seguramente, y tal como están las cosas, lo más fácil es que tenga que ser dictaminado y sustanciado por los jueces. Los trabajadores reclaman la parte proporcional del aumento firmado hace un par de años para igualar sus salarios a los del Ayuntamiento de la capital, un veinte por ciento mayores, aproximadamente. Pero la Diputación, se limita a acogerse a la orden del Gobierno por la que durante 2011 quedan congelados todos los salarios.

Visto así, desde fuera, resulta obvio que cada cual tiene sus razones que, por demás, parecen sólidas y fundadas. Lo que los funcionarios piden es el cumplimiento de un pacto previo. La institución se limita a acogerse a la norma general. Según se cuenta desde la Junta de Personal el conflicto se planteó ya el año pasado, con tiempo suficiente para una búsqueda conjunta de soluciones. En su poder, según ha explicado Jesús Sandín, presidente de la Junta de Personal, hay informes favorables a la reclamación, que la presidencia de la Corporación provincial no reconoce. Y en esas se está.

Los funcionarios, mientras, se han lanzado a la calle con sus protestas a través de movilizaciones y concentraciones a las puertas de la Diputación, aparte de asambleas, firmas, y otros actos reivindicativos, que solo cesarán, advierten, cuando sea un juez quien dictamine en su contra, en cuyo caso no dudarán tampoco en reconocer públicamente que se han equivocado. Lo cierto es que es una clase muy quemada y pese a ser muchos de ellos militantes o simpatizantes del PP, que gobierna desde siempre en la institución, no dudan en enfrentarse al partido por considerarlo una situación de mera justicia. Igualmente, avisan de que su postura puede notarse a la hora de las próximas elecciones, aunque este punto no debe preocupar nada a un Martínez Maíllo, seguro del triunfo popular una vez más y que por su parte se atiene al cumplimiento de una ley del Gobierno contra la que entiende que nada cabe hacer. Aunque parece ser que sí pudieran caben excepciones, según los funcionarios.

El caso es que en la Diputación los sueldos, y ni ellos mismos saben por qué, siempre han sido más bajos de lo normal en relación a otras administraciones. El presidente de la Junta de Personal pone como ilustrativo ejemplo el caso de un funcionario del grupo C que con 32 años de trabajo anda por los 1.400 euros mensuales. Y como quien no quiere la cosa deja caer, en sus declaraciones, que el diputado y vicepresidente Barrios se lleva al año 46.000 euros. Eso es, realmente, lo más triste e injusto. Estas diferencias abismales entre políticos y trabajadores, que aun resultan mayores en lugares tan deprimidos como Zamora. Sin que el político ostente generalmente otro mérito que haber sido puesto a dedo en la candidatura de su partido, por ser amigo de algún dirigente, porque caiga simpático, por haber hecho muy bien la pelota a los que hacen las listas y por cosas más o menos similares.

Es un conflicto peliagudo, sí, que ojalá pueda resolverse satisfactoriamente para todos.