A expensas de que la operación policial esté casi cerrada, la jueza de Puebla de Sanabria no ha tomado todavía declaración a ninguno de los tres arrestados el martes en Asturianos por un presunto delito de furtivismo y venta de carne ilegal, ni de los tres guardias civiles del puesto Puebla de Sanabria, a los que se acusaría de dejación de funciones en la persecución de delitos.

A los tres miembros de una misma familia se les vincularía con una presunta red de tráfico ilegal de carne de piezas supuestamente procedentes de caza mayor furtiva y de ganado sacrificado, al parecer, en un matadero ilegal de Asturianos, sin el preceptivo control sanitario. Los seis pasarán a disposición judicial una vez los agentes de la Benemérita hayan avanzado más en la investigación, que podría dar lugar a más detenciones.

Cuando tengan lugar esas comparecencias, que podrían o no concluir con el decreto de prisión para alguno de los acusados, la Fiscalía, que está al corriente de las pesquisas realizadas desde la Guardia Civil, formulará sus imputaciones y concretará los delitos por los que se les acusa a los integrantes de una misma familia: Entre otros, actuaciones furtivas y el posible uso de un matadero ilegal para sacrificar las piezas y cabezas de ganado que posteriormente vendían, según la escasa información que ha trascendido. Respecto de los guardias, al parecer sólo serían responsables de conocer alguna de las actividades delictivas de los principales acusados y de no haber actuado al respecto, como les exige su profesión, con la consiguiente denuncia y puesta en conocimiento de sus superiores las actividades que se pudieran estar realizando de forma ilegal.

Por el momento, el secreto sumarial ha impedido a los abogados que defienden a los acusados acceder al contenido de las diligencias que realiza la policía judicial de la Guardia Civil bajo supervisión de la juez, por lo que la asistencia durante los únicos interrogatorios habidos en la Comandancia de Zamora se realizó a ciegas, sin conocer con exactitud los cargos a los que se enfrentan los seis arrestados que ayer fueron puestos en libertad. Entre ellos se encuentran dos hermanos de una conocida familia de ganaderos de Asturianos, cuyo nombre responde a las iniciales de P.O. y F.J.O., el hijo de uno de ellos, J.O.; dos guardias civiles jóvenes y otro de mayor edad. La investigación policial fue ayer objeto de elogio por parte del delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, quien se mostró rotundo al apuntar al furtivismo como «una actividad muy dañina para el conjunto de los bienes naturales», por lo que considera indispensable que «el que la haga, la pague». Al tiempo, daba «la enhorabuena al trabajo diario y en este caso al realizado por el Seprona, por la Guardia Civil», no dudó en lamentar hechos como los investigados en Sanabria: «Nos entristece profundamente que haya furtivos con el absoluto daño que suponen para la actividad reglada, que genera mucha riqueza en la provincia, concretamente en esa zona».

Castro destacó la coordinación que existe entre Junta y Guardia Civil «no solo en este caso, sino en todos los demás, para intentar que no existan furtivos». Asimismo, subrayó que como delegado no había recibido ninguna queja o denuncia de los agentes forestales respecto a esas posibles prácticas. Agregó que desde la Junta, «así lo sabe la Guardia Civil, damos todos los medios para intentar colaborar con ellos a la hora de minimizar las consecuencias del furtivismo», para concluir que «a mí particularmente me da bastante pena» que se sucedan casos el actual.