El pequeño pueblo de Zamora que ningunea "sin intención" al Procurador del Común

Villageriz de Vidriales, el municipio más pequeño de la comarca benaventana, con 61 habitantes empadronados, ha sido el último en engrosar la lista de entidades no colaboradoras con la Oficina del Procurador del Común por incumplir la obligación de informar. Este baldón está relacionado con tres investigaciones de la Defensoría de Castilla y León a raíz de quejas vecinales relacionadas con el padrón municipal en periodos previos a citas electorales y ya figura en el informe anual que se remite a las Cortes regionales.

En la localidad, las variaciones censales previas a las elecciones, especialmente en las municipales, han sido tan llamativas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) pidió explicaciones al Ayuntamiento ante "la fundada sospecha de la Oficina del Censo electoral al haber causado alta en el Padrón el mes de febrero de 2019 un número considerable de personas (26) en relación a la población del municipio". El Ayuntamiento afirma que en realidad fueron ocho y que el INE no adoptó ninguna medida posterior.

En 2019 ganó las elecciones una agrupación de independientes por Villageriz. Obtuvo dos concejales frente a uno del Partido Popular. Antes de acabar el mandato, las discrepancias entre los dos ediles de Independientes por Villageriz derivó en una moción de censura. Una concejala y el edil del PP pactaron derrocar al alcalde. La que había sido su compañera le sustituyó en el puesto con el apoyo del popular. En las elecciones municipales de 2023, ambos encabezaron la lista del Partido Popular, que ganó las elecciones frente a la lista de Vox.

El 25 de enero de 2023, antes del proceso electoral un vecino vinculado a la candidata de Vox elevó una queja al Procurador del Común responsabilizando a la alcaldesa y entonces ya candidata en ciernes del PP, María de la Cruz Méndez, de "estar actuando interesadamente antes de las elecciones de mayo para así ganarlas y asegurase su continuidad en el Ayuntamiento". Tras ganar el PP, el mismo vecino remitió otra comunicación a la Defensoría indicando que los hechos denunciados "se han cumplido, puesto que durante estos meses ha empadronado a personas que no residen en el pueblo ni pertenecen a él. Además, el Ayuntamiento decidió dejar fuera del censo a otras personas que quisieron empadronarse y que hubiera modificado la cantidad de votos que ella necesitaba para ganar. Ganó con más votos gracias a las personas que dejó fuera del censo".

El Procurador del Común había admitido a trámite en febrero de 2022 dos quejas vecinales por solicitudes de alta de empadronamiento. Una de ellas se resolvió tras varias peticiones de la Defensoría, pero una vez pasadas las elecciones municipales. La otra se demoró también hasta después de las municipales sin que el Ayuntamiento contestara. La Oficina decidió incluir a la administración de Villageriz en el listado de entidades no colaboradoras por no contestar a sus resoluciones.

Declaraciones responsables

"El autor de la queja ponía de manifiesto su disconformidad con las condiciones exigidas a algunas personas para darles de alta por cambio de residencia en el Padrón de habitantes de un municipio de Zamora. Afirmaba que se había exigido una declaración responsable de la exactitud de los datos aportados, advirtiendo que el empadronamiento podría ser denegado de no tener la residencia habitual en el municipio en el momento de la solicitud", resume la Defensoría.

El Ayuntamiento mantuvo que esa declaración responsable se había exigido para atender un requerimiento del INE que había iniciado un procedimiento de comprobación de altas en el censo electoral en un determinado mes. Sin embargo, el Procurador del Común consideró que las solicitudes de alta en el Padrón de habitantes que se presenten acompañadas de los documentos acreditativos de la identidad, representación, en su caso, y residencia real en el municipio han de inscribirse sin más trámite y con efectos desde la fecha de su presentación, o en un plazo máximo de tres meses en los casos en los que fuera necesario realizar actos de trámite para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud.

"No cabe subordinar el alta en el Padrón de habitantes a la presentación de una declaración responsable, salvo los supuestos contemplados en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local", concluyó.

La queja con consecuencias posiblemente más graves para el Ayuntamiento de Villageriz, al punto de que el Procurador del Común le comunica el pasado día 2 un apercibimiento de posible responsabilidad penal, tiene que ver con la queja de otra vecina. Esta datada en febrero de este año y denuncia el empadronamiento en su vivienda particular de un familiar sin autorización ni contrato de arrendamiento.

Esta queja, admitida a trámite y en teoría pendiente de resolución por parte de la Defensoría, motivó una denuncia directa de la afectada al Ayuntamiento en la que informaba de la irregularidad del empadronamiento. El equipo de Gobierno del PP tampoco ha contestado a la Defensoría.