Izquierda Unida exige que "cualquier religión, así como sus actos y símbolos, queden fuera del ámbito escolar y se deroguen los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano" para evitar que sea un contenido evaluable en los centros públicos. Su petición surge tras la publicación en el BOE de los currículos de religión católica para Primaria, Secundaria y Bachillerato, que califican de adoctrinamiento y no han sido desarrollados por el Ministerio de Educación, sino por la jerarquía católica.