El empresario "modelo" de Zamora acaba en un juicio por fraude fiscal

"No me importa ir a la cárcel, pero no por una injusticia". José Fernández, el dueño de General de Cuadros Eléctricos, la empresa de Villaralbo otrora referente del éxito empresarial en la provincia, tuvo ocasión de proclamar su inocencia ante el juez de lo Penal de Zamora, que le juzga por cuatro delitos de evasión fiscal de los que le acusan el Ministerio Público y el abogado del Estado, que piden para él 12 años de cárcel y, por colaboradora, ocho a la socia de una empresa vinculada, N.S.R.

El empresario, que en el momento de los hechos debía 1,1 millones a Hacienda por el IVA y el impuesto de sociedades reconoció que no pudo pagar esta deuda, que hoy día ha aumentado hasta los cinco millones con la Agencia Tributaria y otros tantos con la Seguridad Social. Lo que sí niega tajantemente es que haya habido intento de ocultación de ingresos para defraudar al fisco, ya que, aseguró José Fernández, la disyuntiva era pagar a los trabajadores, que llevaban tres meses sin cobrar, o abonar el dinero a Hacienda.

¿Hubo dolo?

En esta interpretación de si hubo o no dolo en la defraudación fiscal puede estar la diferencia entre el reproche penal o simplemente una falta administrativa, ya que el delito defraudatorio a la Agencia Tributaria, fijado en un limite de 125.000 euros se debe acompañar además de que haya una intención de esquivar al erario público.

Fiscal y acusación particular se apoyan en el informe de Hacienda, defendido por el inspector que llevó el caso para afirmar que, sin duda, hubo este intento de fraude mediante el escamoteo de ventas reales que se hacían pasar por no cobradas y la interposición de empresas "limpias" cuya intención era seguir operando sorteando el embargo de Hacienda.

La defensa de la responsable de una de estas empresas, Microplus Word Corporativa, intentó demostrar que su cliente sólo tenía una relación comercial con Cuadros pero eran sociedades independientes.

Y la defensa de José Fernández, apoyada por la declaración de su asesor externo, el exconcejal popular Ángel Macías, negó que hubiera ocultación de ventas, como en la denominada Operación Colombia para vender 12.000 luminarias en ese país, que se truncó por problemas financieros de los compradores, no porque la producción se haya vendido en otro lugar.

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