Los 58 olvidados de la Diputación de Zamora

Estamos terminando el año 2022 y, en casi todos los ámbitos se hacen balances, memorias o anuarios. En materia de memoria histórica, terminamos un año que ha estado determinado por la redacción y trámite de la nueva Ley de Memoria Democrática, que supone un paso adelante en relación con la perspectiva que arroja la vaga y, sobre todo, frágil Ley de Memoria Histórica de 2007.

Por otro lado, en el caso de Castilla y León, el movimiento memorialista está a la espera de que el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática de 2018 sea sustituido o derogado en cualquier momento por el actual gobierno autonómico de ultraderecha.

Foro por la Memoria de Zamora

Cada vez que en el Foro por la Memoria de Zamora nos sentamos a recapitular acerca de los logros, novedades y necesidades del año que termina, hay un asunto que arrastramos y nos duele como una gota malaya: la displicencia de la Diputación de Zamora a la hora de reparar y reconocer a los empleados y cargos públicos de esa institución que fueron represaliados tras el golpe de estado de julio del 36, y cuya reparación se demora con total indiferencia desde hace años.

En el Pleno del 2 de febrero de 2018, varios diputados y diputadas provinciales de todos los partidos políticos con representación en la institución, con Laura Rivera al frente y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, presentaron una moción para reparar a los 58 empleados y cargos públicos provinciales represaliados entre julio y octubre de 1936, de los que 18 fueron asesinados. Y aunque aquella moción se aprobó por unanimidad, su tramitación se paralizó hasta el 27 de mayo de 2021, fecha en la que se anunció la apertura del expediente número 990/2021 para cumplir ese acuerdo. Pero entonces llegó el silencio de nuevo, así que hoy vamos a dedicar unas líneas a aquellos 58 zamoranos y zamoranas, y muy especialmente, a los 18 asesinados.

La barbarie de los días que siguieron al 19 de julio de 1936 nos deja historias terribles como la de Valentín Ferrero García, que en el verano del 36 dirigía la escuela del Hospicio provincial y que el 20 de julio se convirtió en uno de los primeros detenidos en Zamora después del golpe de estado. El 29 de julio, a propuesta del presidente golpista de la Diputación Provincial, Agustín Martín, fue destituido y seis días después, el 4 de agosto, salió de la cárcel provincial, junto a Ángel Salvadores y Diego Ballesteros, alcalde de Aspariegos, en la primera “saca” que tuvo lugar en muestra provincia. Oficialmente iban a ser trasladados a la cárcel de Bermillo, pero los tres fueron “encontrados muertos” la madrugada siguiente en el cementerio de San Atilano.

Valentín era padre de ocho hijos, varios de ellos también maestros, y su familia, los Ferrero Miranda, fue una de las más castigadas por la represión franquista en Zamora. Exactamente un mes después del asesinato de Valentín, su hijo José Ferrero Miranda, estudiante de magisterio, fue fusilado tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra. El 27 de agosto el gobernador civil había publicado en el Boletín y en el resto de la prensa provincial una lista de más de un centenar de maestros a los que se destituía, y entre los que se incluía a Valentín y José Ferrero. El 29 de octubre fue asesinado su suegro, Fabián Miranda Rubio, secretario municipal jubilado de 83 años.

El 14 de septiembre del año siguiente, otro de los hijos, Ursicino Ferrero Miranda, se unió a las filas republicanas en el frente de Navacerrada. Apresado en Alicante y juzgado en juicio sumarísimo el 16 de mayo de 1939, fue condenado a muerte por traición, si bien la pena le fue conmutada por la de 30 años. Finalmente, el hijo mayor, Valentín Ferrero Miranda, que había sido colaborador de Heraldo de Zamora y ejerció como maestro en Galicia, fue fusilado el 19 de septiembre de 1939 en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), tras un consejo de guerra cuya inicua sentencia tuvimos ocasión de compartir esta misma semana con sus nietos tras obtener copia en un archivo militar de Madrid. A toda esta tragedia hay que añadir que la familia de Valentín Ferrero García fue una de las víctimas del primer expediente de incautación de bienes que tuvo lugar en Zamora, el 1/1936.

Otra familia que sufrió de las formas más terribles la represión golpista fue la de los hermanos Barayón, entre ellos, el diputado provincial Saturnino Barayón Hernández, que también era concejal del ayuntamiento de Zamora, y que fue asesinado el 18 de septiembre del 36, en lo que el memorialismo zamorano conoce como la gran matanza de la cárcel de Toro. Aquel día terrible, fueron asesinados 28 vecinos de Zamora, Morales de Toro, Pozoantiguo, Toro y Gallegos del Río. Junto a Saturnino murieron también el exdiputado provincial Higinio Merino y el oficial de 3ª de la Diputación, Adrián Vecino Domínguez, que siguen pendientes de ser reparados por parte de la corporación provincial. Es bien conocido el asesinato de la hermana de Saturnino, Amparo Barayón, casada con Ramón J. Sender, que tras el golpe de estado buscó refugio en Zamora junto a su familia, con sus hijos pequeños. Cuando llegó, sus hermanos Saturnino y Antonio ya habían sido detenidos.

Antonio Barayón fue asesinado el 28 de agosto durante otra “saca” de Toro, y al día siguiente ella fue encarcelada en la prisión provincial, acompañada de su hija pequeña. Las condiciones de la sección de mujeres de la cárcel eran de un tremendo hacinamiento y falta de atención médica a mujeres embarazadas o con hijos lactantes. La presa benaventana Pilar Fidalgo, en su libro “Una joven madre en las cárceles de Franco”, nos hizo llegar un relato de malos tratos, abusos sexuales y terror psicológico generado por las sacas y las ejecuciones que presentaban un panorama difícil de imaginar. Amparo fue asesinada el 11 de octubre en el cementerio San Atilano junto a otras dos mujeres.

Antes del golpe de estado, la familia Barayón regentaba el próspero Café Iberia, que les fue incautado junto con todos sus bienes en el primer expediente de incautación de bienes que se ejecutó en Zamora, el mismo expediente 1/1936 en el que se expolió a la familia de Valentín Ferrero y a otras 21 personas asesinadas.

Asesinatos y expolios

También fueron asesinados y expoliados en ese primer expediente de incautación el presidente de la Diputación Provincial, Gonzalo Alonso Salvador, y dos empleados de la institución, el escribiente Antonio Pertejo Seseña, y el médico del hospital provincial Felipe Anciones. Antonio Pertejo, que además era secretario de la Federación de Sociedades Obreras, fue fusilado el 7 de agosto junto a Manuel Antón Martín, junto a la Bodega del Torrao, tras ser condenados ambos por un consejo de guerra, acusados de promover una huelga general contra el golpe de estado. Anciones y Alonso Salvador fueron víctimas de una “saca” de la cárcel provincial una semana más tarde, el 14 de agosto. Tanto Petra Esteban, viuda del presidente, y sus ocho hijos, como Emilia Cea, la viuda de Anciones y sus dos hijas, tuvieron embargados todos sus bienes durante ocho años, hasta que en 1944 el Tribunal de Responsabilidades Políticas les impuso sendas multas de 2.000 y 1.000 pesetas de la época, respectivamente.

Eusebio Fernández Lobato ejercía como practicante y era funcionario de la Diputación desde 1911. Fue asesinado junto a su hijo, Eusebio Fernández Lorenzo, en el cementerio de San Atilano la noche del 20 al 21 de septiembre, y todos sus bienes incautados en el mismo expediente de incautación que el resto de las víctimas a las que hemos recordado aquí.

Vidas rotas

Los 18 asesinados tienen sus nombres y apellidos y unas familias que padecieron el horror de unos crímenes espantosos. Además de las personas que ya hemos mencionado, añadimos un momento de memoria y homenaje para Manuel Calvo Alba, Arturo Alonso Santos, Pedro Francisco Ballesteros, Aniceto de Castro Hernández, Manuel Antón Rodrigo, Isaac Esteban Isidro, Manuel Rodríguez Alonso, Benedicto Carreras Pelayo, Pablo Lorenzo Conde y León de la Vega Rodríguez. Y a estos nombres sumamos los de otros 40 empleados y empleadas públicas que sobrevivieron, pero vieron sus vidas rotas y su reputación estigmatizada durante décadas.

Así pues, la Diputación de Zamora va a cumplir cinco años de menosprecio a estas víctimas, a sus familias, a sus propios reglamentos y la Ley, y parece que ya es suficiente. También parece conveniente recordarle esta situación lamentable al señor presidente de la Diputación de Zamora. Si se sigue posponiendo la justicia y la reparación para estas personas, tal vez después sea tarde.