La Diputación de Zamora ha reaccionado a la nueva coyuntura económica con dos anuncios: la decisión de introducir cambios en el plan municipal de obras y la creación de una línea de ayudas para paliar el incremento del coste de la energía. La entidad de estas novedades motivó este lunes la comparecencia pública del presidente de la institución, Francisco José Requejo, junto a dos de los vicepresidentes del Partido Popular, José María Barrios y Javier Faúndez. Los tres detallaron ante los medios el contenido de unas iniciativas que pretenden facilitar “la vida de los vecinos” de la provincia.

Faúndez observa un plano en una obra realizada en la provincia. | L. O. Z.

De las dos comunicaciones realizadas, la más llamativa fue sin duda la referente al plan municipal de obras. Apenas hace dos meses que el equipo de Gobierno anunció su intención de mantener el formato anual y de incrementar la inversión hasta los ocho millones de euros, con el respaldo de los remanentes, pero el contexto socioeconómico ha llevado al bipartito a darle una vuelta a esa idea.

El nuevo formato plantea una inversión de 16 millones de euros para obras en los municipios durante los ejercicios de 2022 y 2023. Esto quiere decir, según aclaró Faúndez, que el año que viene no habrá plan, por lo que se acumula el dinero de dos cursos en esta convocatoria. El objetivo de esa modificación es que los ayuntamientos cuenten con esa cantidad cuanto antes para estimular la actividad y que no haya problemas con la tramitación en 2023.

Año electoral en 2023

Hay que recordar que el próximo año es electoral para los ayuntamientos, una circunstancia que, según indicaron los responsables del equipo de Gobierno, puede provocar problemas y retrasos en este tipo de procedimientos: “Queremos reducir la incertidumbre”, explicó Requejo, que apostó por “invertir mejor con los mismos recursos” y que defendió la pertinencia de que la Diputación sea “un ente vivo”, dispuesto siempre “a resolver problemas”.

Barrios profundizó en las palabras del dirigente liberal, y quiso recordar que, hasta el mandato anterior, la inversión en el plan municipal de obras rondaba los cinco millones de euros anuales. Esa cifra se incrementó hasta los seis durante los dos primeros ejercicios de gobierno del bipartito y alcanzará los ocho en los dos últimos cursos con la coalición Ciudadanos-PP al frente de La Encarnación, un hecho que el vicepresidente celebró antes de incidir en que también ha habido financiación para acciones paralelas, como la destinada a mejorar el abastecimiento en determinados municipios.

Además, Barrios comentó que el plan municipal de obras servirá para “mejorar los servicios públicos y dar trabajo a los pequeños constructores locales”. “La subida de precios se está notando en el sector y también tenemos que compensarlo”, resaltó el vicepresidente primero.

En cuanto al plan de ayuda energética, la Diputación invertirá un millón de euros para ayudar a los ayuntamientos a asumir el incremento de los precios de la energía. Los responsables provinciales no detallaron cómo se repartirá ese dinero, pero sí explicaron que se trata de una respuesta al aumento de los costes en el alumbrado público o en el consumo de los edificios de uso municipal y otros servicios de los pueblos.

Ayuntamientos que se "están ahogando"

Barrios indicó que hay ciertos ayuntamientos que “se están ahogando” con este aumento del gasto que ha llegado a “multiplicarse por tres” en algunos casos. “No podemos compensar toda la subida, pero sí ofrecer un respiro”, deslizó el vicepresidente primero de la institución, que advirtió de que “el mundo rural lo necesita”.

El número dos del equipo de Gobierno provincial cerró su intervención con una crítica al Gobierno central, al que acusó de dejar de lado a la administración local en esta crisis: “Si se olvidan de los ayuntamientos, que son las entidades más próximas a los vecinos, nosotros sí estaremos mientras podamos para que no se vean ahogados por la subida desmesurada”, concluyó José María Barrios.

Habrá un criterio objetivo para repartir el dinero

El vicepresidente tercero de la Diputación, Javier Faúndez, intervino en la rueda de prensa para detallar cómo se va a repartir el dinero con el nuevo modelo establecido para el plan municipal de obras. Los 16 millones de euros servirán para repartir inicialmente 26.000 euros lineales por cada ayuntamiento, a los que se añadirán también 10.000 euros por cada anejo o entidad local menor. Así, un municipio de Zamora que tenga tres núcleos aparte del principal ingresará 56.000 euros a través de ese criterio.

A partir de ahí, el resto del dinero se repartirá mediante un sistema de coeficientes correctores que ya se ha aplicado en otros procedimientos y que busca premiar a los ayuntamientos de menor tamaño. Ahí, las cantidades ya dependerán de la realidad de cada municipio.

Faúndez también detalló qué actuaciones son subvencionables a través de este plan, y explicó que el plan incluirá aquellas obras que afecten a los servicios públicos prestados por las entidades locales. También los gastos de redacción de proyecto, dirección de obra, informes y seguimiento arqueológicos, control de seguridad y salud y control de calidad de la obra que se va a ejecutar. No serán subvencionables los gastos financieros, los de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales, registrales ni tampoco los intereses deudores de las cuentas bancarias, los gastos de procedimientos judiciales o la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico.

Lo mismo ocurre con proyectos o inversiones que tengan un especial carácter productivo por estar proyectados desde el inicio para ser objeto de venta o concesión administrativa, y tengan una previsión de obtener una ganancia patrimonial. Tampoco serán subvencionables el mobiliario urbano o módulos de juegos para parques infantiles, entre otros, que supongan un porcentaje superior al 40% del presupuesto de ejecución material de la obra.

En cuanto a los plazos, Javier Faúndez subrayó que las solicitudes estarán abiertas hasta el 29 de abril y deberán ir acompañadas de una memoria valorada o un proyecto. Además, tendrán que haber sido aprobadas previamente por el Pleno, la Junta de Gobierno o un Decreto de la Alcaldía. Los trabajos se podrán ejecutar hasta el 30 de octubre de 2023 y deberán justificarse antes del 15 de noviembre de ese año: “Es la primera vez que se pone encima de la mesa tanto dinero para ayudar a los ayuntamientos”, zanjó el vicepresidente tercero.