La Audiencia de Zamora ordena continuar la investigación sobre la empresa Raga, adjudicataria de Parques y Jardines, en la pieza separada abierta sobre el presunto fraude de casi un millón de euros al Ayuntamiento de Zamora, al considerar que el nuevo grupo pudiera seguir teniendo responsabilidad penal respecto de las actuaciones de la sociedad que fue responsable del servicio municipal entre 2014 y 2019, periodo en el que se sitúan las presuntas ilegalidades, según la información recabada por este diario.
Las mismas fuentes apuntan que esa responsabilidad podría mantenerse aunque la adjudicataria haya sido absorbida por otra u otras firmas, cambie de titular o de accionariado, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, como parece haber ocurrido al constituirse el Grupo Raga II.
El auto del Tribunal provincial responde así frente al argumento que desplegó la sociedad para justificar que carecía de esa implicación en las decisiones tomadas por la adjudicataria en los años sobre los que indaga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora. De modo que, los magistrados consideran que la jueza que instruye la causa debe investigar las conexiones que pudiera haber entre los anteriores propietarios, la familia Raga, y el nuevo accionariado conformado por diversas firmas.
Además, apunta que habría indicios de la existencia de una vinculación entre el principal investigado, el exjefe del servicio de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, y Raga en los momentos en que se produjeron los hechos que se han denunciado.
Esos indicios demostrarían que, con posterioridad al cambio de titularidad de la adjudicataria municipal, habría seguido habiendo una relación entre el exdirector ejecutivo y consejero de Raga, el investigado en el presunto fraude de iniciales G.R.G., y Vega Vicente. Un supuesto que nace de la documentación que localizó la Policía Nacional en el registro de la casa del funcionario municipal, entre la que se hallaban conversaciones telefónicas por mensajería de WhatsApp entre estos dos acusados.
El auto de la Audiencia subraya que, entre esos mensajes están algunos en los que se habla, en concreto, sobre cómo debe ser la demanda de la sociedad Raga contra el Ayuntamiento, y de cuándo debe interponerse, una demanda que se realiza después de esas conversaciones por parte de sociedad actual, es decir, una vez renovado el accionariado.
Los magistrados de la Audiencia estiman que esa información recogida en las diligencias de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Zamora (UDEV) de la Policía Nacional de Zamora, durante la investigación impulsada desde el Ayuntamiento, aporta documentos que dejarían entrever cómo el exjefe de Jardines tenía relaciones con el Grupo Raga y cómo la sociedad presenta la demanda en los términos en los que habrían hablado el empleado público y el exdirector G.R.G., indican fuentes judiciales.
La Audiencia coincide con la jueza del Juzgado número 5 que investiga la causa en que no es momento procesal para descartar la responsabilidad penal del Grupo Raga, al que aún no se le acusa de estar implicado en un posible delito de fraude.
La jueza argumentó, en su día, que las diligencias están en un momento muy inicial como para descartar esa posible responsabilidad penal, como exigía el Grupo Raga -que llegaba en su amplio escrito de recurso frente a la investigación penal apuntar que podría haber responsabilidad civil- y que debía interrogar a responsable de esta sociedad aún, así como a otras personas que podrían estar relacionadas con el caso.
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMA RAGA
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE JEFES Y JARDINES, ALBERTO VEGA
