La juez que investiga el presunto fraude de un millón de euros denunciado por el Ayuntamiento de Zamora y que implica a la adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, Raga, no ha decidido aún si los nuevos dueños de la empresa deberán pagar la fianza solidaria que exigía la institución. Una fianza cuyo impago no implica la entrada en prisión de los investigados que deben responder de ella, como se indicó por error, sino que es una garantía de que, si existiera una condena por vía penal, el Consistorio zamorano recuperaría la cantidad perdida por las presuntas ilegalidades en la gestión del servicio municipal.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 determinó posponer la fijación de la fianza hasta que se cuente con informes periciales que concreten si el fraude económico denunciado por el Ayuntamiento (en contrato 981.246,78 euros) se ajusta a las ilegalidades que pudieran haber cometido Raga y los siete investigados restantes. Esta causa judicial es una pieza separada de la que investiga al jefe de Jardines, Alberto Vega Vicente, y a una empresaria gallega que confesó haber hecho obras directamente adjudicadas por aquel y que se habrían llevado a cabo con medios y personal de la adjudicataria. La empresa recurrió la causa penal por ese presunto fraude en el que está como investigada, recurso rechazado por la juez al indicar que el Grupo Raga, la persona jurídica, “puede resultar responsable penalmente por los hechos realizados por las personas físicas” (los responsables de la adjudicataria) “que la representan y dirigen”.
De modo que no solo puede tener responsabilidad civil, posibilidad que la propia empresa apuntaba en su escrito de alegaciones. La jueza argumentó, asimismo, que el momento procesal no es el adecuado para descartar esa posible responsabilidad penal y que debía aún interrogar a un responsable del Grupo Raga y a otras personas que podrían verse implicadas en la causa. En ningún caso se pronunció sobre la imposición de la fianza.
El asunto está ahora en la Audiencia de Zamora, instancia judicial a la que acudió Raga contra la decisión de la instructora, por lo que los magistrados del Tribunal Provincial será el que decida si debe continuar la a investigación en vía penal contra el Grupo Raga por el presunto fraude de 981.246,78 euros. Los magistrados deben analizar si los nuevos titulares “heredarían” las responsabilidad que pudiera recaer en los anteriores dueños de adjudicataria por la presunta realización de obras en zonas verdes y parques infantiles de la capital adjudicadas por el Ayuntamiento al margen de la contrata.
Fianza sin prisión
Por otro lado, la empresa incide en que el Ayuntamiento pide el 31 de octubre de 2021 la imposición de una fianza “no como condición para eludir la prisión preventiva por los investigados”, sino para “asegurar las eventuales responsabilidades civiles que se puedan derivar del procedimiento”.
En respuesta, la jueza acuerda “no proceder a la fianza solicitada por la cantidad de un millón de euros, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en otro momento procesal”. En ese mismo un auto del 28 de octubre de 2021, “determinó que será preciso acordar la realización de un informe pericial para establecer la cuantía presumiblemente defradudada” al Consistorio zamorano, “la que deberá exigirse, en su caso como fianza”, sin que se haya dado por válida la que calculó la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Zamora (UDEV) de la Policía Nacional que llevó la investigación. El Grupo Raga aclara que “no se le ha exigido la prestación de fianza”.
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