La caducidad desde el año 2014 del contrato con el Grupo Raga para el Servicio municipal de Parques y Jardines, por tanto, su posible extinción y la nulidad de las obligaciones de uso en exclusiva del personal y la maquinaria adscritas, se ha convertido en la línea de defensa de los trabajadores investigados en libertad provisional por malversación y fraude a la Hacienda Local. Un argumento con el que intentan desmontar la existencia de una presunta trama de corrupción que se habría beneficiado de, al menos, 981.246 euros del Ayuntamiento de Zamora con la ejecución de obras menores y trabajos de intervención realizados con ese personal y maquinaria adscrita en exclusiva al contrato municipal de Raga, actualmente en investigación en el Juzgado número 5 de la capital.

Para los letrados del encargado de Parques y Jardines iniciales S.M., y del técnico, F.A., habría una cuestión administrativa a despejar clara antes de definir si existen delitos penales: hasta dónde llegaban las obligaciones de Raga y hasta dónde no durante los cinco años de gestión del servicio investigados, periodo de caducidad del contrato. Esta circunstancia situaba la relación contractual entre ambas partes “en una especie de limbo”, apuntan las fuentes consultadas por este diario.

De ese modo, tratan de convertir el asunto en una causa competencia del Juzgado Contencioso, y de que sus clientes eludan el pago de la fianza solidaria de 981.246 euros que el Consistorio exige que paguen para garantizar que las arcas municipales recuperarán ese dinero, una decisión que la juez debe tomar tras estudiar los recursos presentados de los dos exdirectivos de Raga y los cinco trabajadores de la contrata.

La Fiscalía Provincial, personada también en este caso, deberá pronunciarse a favor o en contra de esta medida cautelar solicitada en solitario por la institución local y que, de ser aprobada por la juez, podría concluir en embargos de bienes de los siete investigados hasta completar la cantidad, siempre en función de la solvencia económica y las propiedades de cada uno de ellos.

Esa situación irregular del contrato, a juicio de los abogados de las defensas, vendría a dejar en el aire que la empresa adjudicataria del servicio municipal no pudiera usar a los empleados, la maquinaria y material de Raga para realizar trabajos ajenos a los que se acotan en el contrato municipal, lo que entienden que alejaría el caso de la vía penal, es decir, de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración local.

En esa sentido, consideran que la juez instructora debería archivar la denuncia y derivar el asunto al Juzgado Contencioso, donde se dirimiría si ese contrato municipal está o no extinto, como se indica en sus recursos contra la fianza, lo que dejaría sin efecto los delitos de malversación y fraude por la ejecución de las más de 60 obras menores y las trabajos por designación que el Ayuntamiento defiende que deben hacerse con medios y plantilla ajena al Servicio de Parques y Jardines y que se sospecha que el exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, adjudicaría a Raga y otras empresas, como la gallega Iocus, de forma directa, con total ahorro de costes para estas firmas. Un perjuicio económico para el Consistorio zamorano, según la investigación policial del Grupo UDEV de la Comisaría de Zamora, ya que el funcionario municipal permitiría, en connivencia con las dos empresas, que las obras se ejecutaran con personal y maquinaria e, incluso material, exclusivos de Raga para la contrata y no con los propios medios de esa empresa como obligaba el contrato de adjudicación del servicio, cláusula que las defensas consideran también extinguida. Los abogados de los investigados tampoco consideran válidos los acuerdos de ampliación del servicio suscritos por ambas partes.

Por lo que respecta a las acusaciones de enriquecimiento ilícito de la empresa y de los trabajadores de la contrata que cobrarían dos veces -por su adscripción al contrato y por horas extras para realizar trabajos que no podrían asumir en base a las condiciones del contrato municipal- se alega que si el Ayuntamiento ha recibido servicios sin quejas y aquel ya había caducado, no pueden existir esos 981.246,78 euros de fraude a las arcas municipales. La derivación de personal y maquinaria a obras adjudicadas al margen de la adjudicación serían lícitas. El caso implica al exdirectivo y exconsejero delegado del grupo, G.R.G.; al exdirector de la zona noroeste, A.G.I.; al jefe de Jardines y a tres trabajadores.