El cambio del cien por cien de los accionistas del Grupo Raga, por la venta de los antiguos dueños llevada a cabo el 14 de febrero de 2020 por la insolvencia y falta de liquidez, sirve a la nueva empresa, ahora denominada Grupo Raga II, para negar su responsabilidad penal en el presunto fraude de 981.246,78 euros cometido en la gestión del servicio municipal de Parques y Jardines de Zamora que investiga el Juzgado número 5, así como recurrir la fianza por esa cuantía. Y a negar la comparecencia de alguno de sus propietarios por considerar que la investigación judicial no atañe a lo que es “una nueva sociedad”, ahora en manos de inversores financieros a través de tres sociedades, explica la abogada de Raga II en el recurso al que ha tenido acceso LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA.
Se trata de empresas que no tienen ninguna relación con los anteriores propietarios, quienes “han perdido el control efectivo de la sociedad” Raga, por tanto, “nos encontramos ante una totalmente distinta, con un capital y una administración plenamente diferente” a la que firmó el contrato de adjudicación del servicio con el Ayuntamiento de Zamora, añade la abogada de los nuevos titulares.
Se insiste en que existe una dirección diferente a la ostentada por quienes gestionaban Raga en el periodo investigado, entre los años 2014 y 2019. Entre ellos, el entonces director ejecutivo y consejero de la sociedad, de iniciales G.R.G., quien también está siendo investigado en la causa judicial como representante del Grupo empresarial en las fechas mencionadas.
El escrito dirigido a la jueza de instrucción subraya que el Grupo Raga II “no ha tenido participación alguna en los hechos objeto de investigación, ni en la existencia de un déficit de control en la sociedad que hubiera permitido presuntamente actuaciones” como las que constituirían los delitos de corrupción sobre los que se indaga desde marzo pasado.
Además, agrega que el auto judicial no concreta qué actuaciones dolosas o imprudentes pudo llevar a cabo Raga II para justificar su posible implicación en los delitos de falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública que han motivado las diligencias judiciales. Vuelve a reiterar que se trataría de comportamientos que se corresponden con el desarrollo de la actividad de la adjudicataria de Parques y Jardines de Zamora que dejó de existir en febrero del año pasado, con motivo de la vente de todas sus acciones.
La juez le reclama tanto a Raga como a G.R.G. y a los otro cinco implicados restantes -todos detenidos a finales de octubre pasado- que paguen la fianza de forma subsidiaria para garantizar que el Ayuntamiento de Zamora pueda recuperar el casi millón de euros que habría perdido por las presuntas ilegalidades en la gestión, si es que se llegan a confirmar en un juicio los indicios de los delitos que recogen las diligencias policiales y judiciales.
La letrada de la nueva sociedad mantiene, para cimentar su recurso, que resulta imposible trasladar, “de forma objetiva, la responsabilidad penal a la sociedad actual”, lo que supondría “pasarse por alto el cambio de propietarios y del órgano de control que tuvo lugar” en febrero del año pasado.
Los mismos argumentos le llevan a recurrir la comparecencia ante la juez en calidad de investigado (antes imputado) del representante de la nueva sociedad, la denominada Grupo Ragua II, para dar cuenta de esas posibles responsabilidades penales que se le atribuyen, ya que se trata de “actuaciones presuntamente cometidas por los anteriores titulares y miembros del órgano de administración”.
La juez debe dar traslado ahora a la Fiscalía de los recursos de los siete imputados para que informe sobre ellos antes de determinar si finalmente les obliga a depositar el millón de euros que acordó como fianza.
La venta de acciones, a los tres meses de expedientar a Alberto Vega
Tan solo tres meses después de que el Ayuntamiento acordara abrir expediente disciplinario al que fuera jefe de Parques y Jardines, a Alberto Vega Vicente, se registra el cambio de accionariado de la empresa Raga, responsable del servicio municipal en el periodo en el que la investigación judicial estipula el presunto fraude millonario a las arcas municipales, entre 2014 y 2019. Es entonces cuando las tres sociedades que la adquieren pasan a denominarla Grupo Raga II, según el recurso presentado por esta en el Juzgado que investiga los posibles delitos de corrupción que el equipo de la UDEF y la policía judicial de la Comisaría de Zamora investigan desde hace nueve meses, tras el arresto del jefe de Jardines el 5 de marzo.
Los dueños de la empresa recuerdan, no obstante, que cuando formalizaron la compra en 2020 “no consta que se haya adjudicado” a la nueva firma “ningún contrato por el Ayuntamiento ni trabajo de valoración”, con los que se estima que produjo el fraude.
El exdirector de la sociedad recurre el auto porque dejó el cargo en mayo
El exdirector ejecutivo de la empresa Raga, de iniciales G.R.G., que fue consejero delegado hasta mayo de 2020 de la misma alude a esa desvinculación para tratar de eludir su responsabilidad en las posibles ilegalidades que pudieron cometerse en connivencia con el jefe de Parques y Jardines de la capital, Alberto Vega Vicente, en detrimento de las arcas municipales. Se da la circunstancia de que G.R.G. dejó sus cargos en Raga dos meses después de la detención de Vega Vicente.
Esta causa judicial es una pieza separada de la principal abierta por delitos de corrupción en la que se encuentra inmerso Vega Vicente, en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde marzo, cuando se le detuvo.
Entre los investigados se encuentran el exresponsable de la zona noroeste de Raga, A.G.I.; cuatro trabajadores del área municipal; y una empresaria gallega, de iniciales G.N., que habría recibido 15 contratos de obra menor de forma directa, algunos a través de una llamada telefónica de Vega Vicente.
“Inversores de buena fe, con desconexión” del funcionamiento de la sociedad absorbida
Los inversores financieros que compraron Raga en febrero pasado lo hicieron “de buena fe", han cumplido con las funciones de acuerdo con la legislación y sin incurrir en ninguna conducta que pueda considerarse delictiva, expone la letrada de Raga II en el recurso contra la inclusión de la sociedad en las diligencias judiciales como investigada por posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública y de falsificación de documento público en el servicio de Parques y Jardines de la capital. Un servicio que la nueva sociedad ha venido desarrollando en estos últimos diez meses de contrato, hasta que se ha producido la nueva adjudicación en el Pleno del día 30 de noviembre.
La empresa recuerda que existe una “desconexión” absoluta entre el engranaje administrativo de la sociedad que ha absorbido a Raga, hecho que le desliga de cualquier las actuaciones delictivas que pudieran haberse cometido antes de la compra del total de las acciones de la adjudicataria por las sociedades que dirigen ahora el Grupo Raga II, una cuestión que deberá despejar la juez instructora.
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMA RAGA
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE JEFES Y JARDINES, ALBERTO VEGA
