"La anulación de la operación de compra del edificio por parte del Ayuntamiento ha sido un proceso judicial largo y complicado que todavía no ha llegado al final, pero supone en realidad, aunque se confirmase la indemnización, un importante ahorro económico para el Ayuntamiento. En este sentido, si el Ayuntamiento hubiera mantenido su vinculación a este contrato los pagos a la empresa en concepto de alquiler habrían superado ya con creces la posible indemnización. El cambio de ciclo económico, la pérdida de valor de los inmuebles y la bajada del precio del alquiler es lo que llevó al Ayuntamiento a deshacer esta operación y buscar alquileres más baratos para sus oficinas con un ahorro de casi el 50% anual". Es lo que argumenta el Ayuntamiento de Zamora, que reitera que el Consistorio "tiene consignada y reservada la partida económica necesaria para hacer frente a la indemnización en el supuesto de que ésta tenga que efectuarse, aunque continua defendiendo sus intereses ante los tribunales de justicia".
El Ayuntamiento entiende que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratifica su derecho "a que se establezcan medidas cautelares y resuelve el incidente de imposibilidad de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento en base al hecho de que la empresa está en concurso de acreedores".
