La Diputación Provincial tiene un plazo de 30 días para derribar las taquillas del nuevo teatro Ramos Carrión, según el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que urge a la institución a llevar a cabo la reparación solicitada por los vecinos del edificio anexo durante los últimos años.

La ejecución de la obra se convierte ya en "forzosa", según los términos legales, y se extiende durante un mes, en el que la parte anexa al teatro, que albergada el edificio de taquillas del edificio cultural, debe desaparecer. De no cumplirse el fallo dictaminado por la Justicia, la Diputación se enfrentaría a una multa que oscila entre los 150 y los 1.500 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales que se consideren.

Además, el Juzgado se guarda la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para lograr la efectividad de los hechos, además de utilizar testimonios de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Así lo refleja el auto emitido por el Juzgado número 1 de la capital, ante la que cabe una impugnación en los siguientes días.

Son varias ya las sentencias que durante los últimos años han dado la razón a los dueños de la comunidad de vecinos de la calle Alfonso XII, que reclamaban los tres metros de servidumbre que le corresponden desde sus viviendas hasta el teatro rehabilitado en los últimos meses.

Por su parte, la institución provincial ya ha iniciado los trámites administrativos para derribar la obra de la discordia. Una decisión que ya ha comunicado al juzgado de lo Contencioso Administrativo, además de haber obtenido la licencia urbanística necesaria para ejecutar la obra que devolverá los metros a los vecinos. A pesar de ello todavía no ha hay indicios de actividad en las taquillas del Ramos Carrión, que siguen en el mismo sitio en el que se proyectaron y más tarde se construyeron, con la oposición frontal de unos vecinos que han sacado sus reivindicaciones a la calle. De hecho, aún cuelga de sus ventanas una pancarta que achaca a la Diputación el hecho de "pisotear" sus derechos como ciudadanos.

Hoy está más cerca el final del conflicto.