Hacia una polarización social y económica

En este mundo no hay nada gratis, ni el saludo. Al final toda decisión pública tiene un efecto consustancial en el bolsillo de los ciudadanos. La ley de amnistía agranda la polarización del país y deja el espacio del centro político más huérfano. Las posiciones de los dos grandes partidos se distancian aún más, en lugar de converger en lo que tanta gente de bien anhela: un gobierno fuerte y sin ataduras sustentado por ambas fuerzas. Me dirán que es una quimera, un deseo onírico, pero lo cierto es que una gran mayoría social lo habría aplaudido a rabiar. Pero pongamos pie a tierra.

La persistente inflación no da tregua y hará otro roto más en la diezmada economía doméstica, mientras la recaudación fiscal de España se ha presupuestado en un techo próximo a los 383.000 millones de euros en 2024, un 7,5% más que este año. Esa es la previsión del Ejecutivo y que figura en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.

Lamentablemente, nos crujen a impuestos para sustentar una estructura política sobredimensionada y, así, afrontar las prebendas que la industria política provoca a diario. Y todo eso también agranda la polarización entre la España pobre y la rica

No lo duden, un aumento importante de esa presión fiscal recaerá sobre el tejido empresarial, indispensable actor del crecimiento económico de un país. También tendrán protagonismo el impuesto a las grandes fortunas, el especial sobre la electricidad y la producción energética y, por supuesto, los cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social, que llegarán por la polémica sustitución del factor de sostenibilidad de las pensiones por el mecanismo de equidad intergeneracional y la paulatina adecuación de la base máxima de cotización. A lo que se une la probable retirada de la rebaja del IVA en electricidad y alimentos.

Todo un guiso fiscal cocinado a fuego lento en los fogones de La Moncloa y que nos atragantará un poco más el ya de por sí difícil 2024. Pero, tranquilos, que nos dirán que la subida impositiva es para reducir el déficit, mantener las infraestructuras y financiar la educación, la sanidad y otros pilares esenciales del Estado de bienestar.

Sin embargo, el incremento de impuestos no deja de ser una carga directa sobre personas y empresas y, por tanto, un lastre para el crecimiento sostenido de la economía, cuando además los fines públicos atienden políticas personalistas en vez de programas de interés general. Lamentablemente, nos crujen a impuestos para sustentar una estructura política sobredimensionada y, así, afrontar las prebendas que la industria política provoca a diario. Y todo eso también agranda la polarización entre la España pobre y la rica.

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