La escalada de precios parece imparable y se ensaña con los más vulnerables. Zamora, una provincia que lucha por mantener y ampliar su exigua actividad económica, con sueldos medios magros y un peso implacable de las pensiones, la mayoría de ellas de escaso poder adquisitivo, aparece como una de las más perjudicadas por la inflación galopante, casi dos puntos más por encima de la media nacional.
Esta subida de precios afecta, sobre todo, a los salarios más bajos, porque ese IPC que alcanzó en el mes de mayo casi el 12% en la provincia zamorana, lleva implícito un aumento de la pobreza energética, de cara al invierno, y, sobre todo, limita hasta la exasperación el acceso a los productos más básicos. Organizaciones de consumidores como la OCU hablan ya de “la mayor subida de precios del siglo” en la cesta de la compra que, en algunos casos supera el 40% con respecto a hace un año. Ocurre con productos de uso común, desde el aceite de oliva, a los huevos o la harina, todos de primera necesidad.
La guerra de Ucrania ha dejado de ocupar el primer lugar de los informativos, pero sus consecuencias económicas siguen ahí, afectando gravemente a las materias primas y a la energía. Pero no es ningún consuelo que la situación sea común en todo el entorno internacional. Los economistas de Castilla y León han hecho esta semana un duro análisis en el que calificó la situación de “emergencia económica que se está trasladando a emergencia social” en la región y, consecuentemente, en Zamora.
Y hay organizaciones como Cáritas que alertan de la cronificación de la pobreza entre la sociedad zamorana. Aumentan los que, incluso teniendo un empleo, no llegan a fin de mes. La inflación puede encarecer la vida de un zamorano, a final de este año, más de 800 euros y serán muchos los que no puedan hacer frente a un escenario que, todo apunta, empeorará sobre todo en otoño.
El aumento de la desigualdad afectará a la paz social en un escenario donde casi tres cuartas partes de las empresas españolas temen no poder hacer frente al incremento continuado de los costes. Y toda esta situación pilla a Zamora con los deberes por hacer en esa eterna asignatura pendiente de la transformación socioeconómica.
La guerra de Ucrania ha dejado de ocupar el primer lugar de los informativos, pero sus consecuencias económicas siguen ahí, afectando gravemente a las materias primas y a la energía
Las malas expectativas superan a la crisis de 2008 y ya no se descarta la entrada en recesión si el escenario no cambia en los próximos meses. Nunca fue más necesario el acuerdo y el diálogo social. Un pacto de rentas al estilo de los acuerdos de la Moncloa de 1977. Por entonces, la inflación estaba a punto de alcanzar el 30%, España acababa de salir de una dictadura de 40 años, no formaba parte de la Unión Europea y los mecanismos de regulación financiera estaban a años luz de los actuales.
Pese a las diferencias ideológicas que situaban a unos partidos en las antípodas de otras fuerzas políticas, los líderes se sentaron a la mesa hasta alumbrar aquellos Pactos de la Moncloa que marcaron un punto de inflexión en la recién estrenada democracia española. El presidente Sánchez ha aludido a esa necesidad en diversas ocasiones, pero visto el debate del Estado de la Nación y observado el panorama general de los dirigentes españoles, ese acuerdo, que resulta vital, parece, hoy por hoy, lejano.
Por lo pronto, en lo que se refiere a Castilla y León, cuya Junta lleva presumiendo años de ese diálogo social permanente con los agentes sociales que ha propiciado una baja conflictividad laboral, las exigencias del socio de gobierno del PP, Vox, han dado al traste con esa balsa de aceite de la que presumía el Gobierno regional. Y, si bien es cierto que las ayudas otorgadas a patronal y sindicatos merecen mayor atención y control por parte de la Administración, no puede haber peor momento para el desencuentro.
El Gobierno central ha puesto en marcha y anuncia otra serie de medidas para contener la inflación, la última, este mismo jueves para garantizar precios justos al sector del transporte. Pero hasta ahora, tanto las subvenciones al combustible como la contención de las tarifas del gas han resultado insuficientes. Sí, el precio de la luz en España ha bajado con respecto a otros países del entorno, pero el poder adquisitivo de los españoles se desploma.
Tras el paréntesis veraniego, en el que todo el que puede busca unas vacaciones, también por las nubes en cuanto a costes, en las que desconectar del agobio diario de dos años de una pandemia igual de interminable, llegará el otoño y, previsiblemente, los mayores momentos de tensión.
Para entonces, los sindicatos anuncian ya movilizaciones, y se prevé un desplome del consumo que, por otra parte, apoyado en la inflación. ha contribuido a engordar la recaudación por el concepto de IVA casi un 20% en lo que va de año, con respecto al ejercicio anterior. Y aún así, las previsiones de crecimiento económico van a la baja en cada nueva previsión.
Las encuestas dicen que un tercio de los españoles pide a los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo en las políticas fundamentales para salir del agujero. La ocasión es, aún más propicia, si se gestionan adecuadamente la llegada de los fondos Next Generation para la modernización del país y para acabar con la desigualdad social y territorial que padecen provincias como Zamora. La cuestión es si los líderes políticos actuales son capaces de pasar la página cortoplacista de los intereses electoralistas y se sientan a trabajar por el interés general. Si fue posible hace 45 años debería serlo también ahora.
