La inacabable pandemia COVID sigue modulando los hábitos de la sociedad. Eso es lo que puede deducirse, a grandes rasgos, del fenómeno del que daba cuenta este diario este viernes que ocurre en una de las comarcas zamoranas con mayores problemas de despoblación: Sayago.

Desde 2020, cuando el COVID convirtió a las ciudades en destino hostil para huir de los contagios y de los confinamientos, lo rural ha dejado de identificarse con lo paleto y ha pasado a identificarse como signo de estatus. Tener una casa en un pueblo es un valor asegurado como refugio y como inversión inmobiliaria.

El precio de la vivienda se ha incorporado como factor de la imparable subida de la inflación hasta el punto de que los especialistas comienzan a hablar, de nuevo, del peligro de una nueva burbuja. Y todo ello coincide con los sorprendentes datos que arroja el balance del “banco de viviendas” creado hace dos años en la comarca sayaguesa. En los dos años transcurridos se han venido 150 casas y otro medio centenar ha sido arrendado.

Los nuevos inquilinos son, por un lado, jubilados y, por otro, parejas jóvenes que buscan la tranquilidad de los pueblos, pero no de cualquier pueblo. Quienes huyen de la ciudad tienen claro que hay servicios básicos a los que no cabe renunciar. Por eso, la demanda se concentra, mayoritariamente, en aquellos núcleos de población con servicios sanitarios y educativos garantizados. La tecnología es otra demanda básica, porque los jóvenes que se instalan en Pereruela o en anejos de Bermillo, por citar solo dos ejemplos, son hijos de la era digital y ejercen en puestos que permiten teletrabajar.

Quienes huyen de la ciudad tienen claro que hay servicios básicos a los que no cabe renunciar. Por eso, la demanda se concentra, mayoritariamente, en aquellos núcleos de población con servicios sanitarios y educativos garantizados

De ahí que, las más beneficiadas en el “reparto” de pobladores sean las localidades que son cabecera de comarca o más cercanas a la capital zamorana. Después de tantos años, la ordenación del territorio que ningún gobierno autonómico se ha atrevido a proponer, con todas sus graves consecuencias, nos la sirven de facto quienes llegan de fuera. Es mucho más fácil cuando por medio no intervienen elementos tan decisivos como el arraigo, y para los partidos políticos no supone amenaza alguna en cuanto a pérdida de votos derivada de la centralización de servicios a costa de los pueblos más pequeños.

Cierto que 200 viviendas, aun siendo significativo, no invita aún a pensar en la reversión definitiva del fenómeno centrífugo de las grandes ciudades a favor del entorno rural. Y el dato resulta nimio en comparación con la sangría multiplicada por diez en el padrón. Pero es un síntoma de un cambio que puede producirse, si se dan las condiciones para ello.

Por chocante que parezca, uno de los primeros problemas detectados es que hay más demanda que oferta, porque aunque haya casas cerradas porque sus moradores hace años que no visitan el pueblo de sus antepasados, ese arraigo, o el mero interés especulativo en algún caso, hacen que sea escaso el parque disponible. En palabras de la asociación “Juntos por Sayago”, “a veces (los propietarios) prefieren ver las casas cerradas o cayéndose a venderlas”.

Los precios hablan de los efectos de esa creciente demanda: con un coste medio de más de 48.000 euros por vivienda, se llegan a pagar 15.000 por una en estado de ruina y la astronómica cifra de 385.000 en las de más valor y mejor estado.

Los datos se conocían la misma semana que un conocido portal inmobiliario publicaba la subida de los alquileres en la provincia de Zamora durante el año pasado un 10,7%, cuando en el conjunto nacional las rentas tomaban el camino opuesto con una bajada media del 3,7% y a 7 puntos del ascenso en el conjunto de Castilla y León. Otro apunte para el análisis: la zamorana sigue siendo la provincia donde más barato resulta hacerse con una vivienda en propiedad o en alquiler, en comparación con las exorbitantes cifras de las grandes ciudades.

Con la inversión en Bolsa de capa caída por la sucesión de crisis, agravada por la amenaza de guerra en Ucrania, el dinero busca, entre otras salidas, de nuevo, el ladrillo. Ese sería el lado más pesimista del análisis.

La cara positiva, que esa tendencia de vuelta a lo rural se convierta en algo con base sólida y no un espejismo vinculado al terror desatado por la pandemia.

Si apostamos por esto último es inevitable garantizar ese blindaje de servicios públicos esenciales, la movilidad sostenible con buenas comunicaciones por carretera y ferrocarril, además de la implantación de fibra óptica, de manera inmediata, como mínimo en los principales núcleos de población. Todos estos requisitos aparecen como compromisos en los programas electorales de los partidos que aspiran a gobernar Castilla y León. Lo realmente imprescindible es que tomen forma, sin dilación, a partir del 14 de febrero, cuando tome forma el Gobierno que decidan un día antes, con sus votos, los castellanoleoneses.