Presura

El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 16 establece el derecho de los ciudadanos a vivir y trabajar en su propia tierra y ordena la lucha contra la despoblación, la modernización y desarrollo integral de las zonas rurales, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes, como el apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario de la Comunidad. Así mismo al desarrollo tecnológico y biotecnológico, con el fin de mejorar la competitividad de los mismos.

En estos tiempos el compromiso firme, pasa por tomar decisiones políticas y económicas para dar respuesta a la despoblación. De no ser así, retrocederemos en los derechos fundamentales que conquistamos con nuestra Constitución

Hemos estado en Soria lugar de encuentro entre la España rural y la España urbana, un lugar y una ocasión que pretende convencer que el medio rural es un mundo de oportunidades. Es un intento de focalizar la atención, despertar el interés de los poderes públicos, pero también y sobre todo del conjunto de la sociedad. Por todos estos buenos objetivos quiero agradecer y felicitar a los organizadores de tan noble empeño.

Les aseguro que durante el tiempo que he tenido responsabilidades públicas en los tres poderes posibles del Estado democrático: el Legislativo, que hace las leyes; el Ejecutivo, que las ejecuta y el Judicial, que las interpreta y hace cumplirlas; durante todo ese largo tiempo he tratado con convención y con pasión desarrollar programas y objetivos que permitieran el desarrollo rural. Lo que yo llamaba la ¨Ruralia¨.

No solo por ser de pueblo, que lo soy, también como decía Aristóteles: “Porque igualdad y equidad, siendo lo mismo, la equidad instruye un principio y es aún mejor. La equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde. Bien es cierto que en España después de una complicada Transición se consiguieron las bases en la construcción de un Estado democrático, es decir la Libertad.

Pero la libertad sin derechos sociales, no es la libertad deseada, esta, la libertad, comprende el derecho a la educación, la salud, a la vivienda, a los servicios sociales fundamentales, y porque no decirlo, a la discriminación positiva. Es decir: la libertad de oportunidades para todos, comprende también la igualdad de capacidades. En definitiva, no dejar a nadie atrás.

Como es sabido Soria igual que el resto de los territorios, incluyendo a Zamora, pertenecen a Castilla y León, donde en los últimos años se vienen produciendo una alarmante despoblación que afecta fundamentalmente al conjunto de la población rural y dentro de la misma a los jóvenes y las mujeres. Una de las consecuencias es la baja natalidad.

Es conocido el proceso exponencial de emigración, con la consiguiente pérdida de población, de manera que estamos en el pódium demográfico. Todas las provincias de Castilla y León pierden población.

Así como en la Transición a la democracia en España, se hizo necesario poner todas las energías y voluntades para establecer un país moderno, democrático y con derechos a la igualdad y los derechos sociales; en estos tiempos el compromiso firme, pasa por tomar decisiones políticas y económicas para dar respuesta a la despoblación. De no ser así, retrocederemos en los derechos fundamentales que conquistamos con nuestra Constitución.

Porque nada puede ser igual que en los tiempos pasados, es por lo que es urgente encontrar un nuevo modelo que, con evidente claridad y un diagnóstico certero, se construya una nueva política poblacional que incluya y comprometa a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad. Así pues serán los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno Central y desde luego la Unión Europea los garantes de establecer un nuevo marco. Reconociendo que estamos hablando de una nación, España, que es uno de los países más descentralizados del mundo desde el Estado de las Autonomías.

Estoy de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez con la apremiante necesidad de establecer una nueva descentralización que refuerce el carácter democrático del Estado y que el principio de participación deberá significar un nuevo modelo en la organización del País que a su vez facilite la equidad y la cohesión territorial, de manera que los beneficios del Estado de Bienestar, con los correspondientes servicios públicos de calidad, lleguen a todos los territorios y sobre todo a los ciudadanos, vivan donde vivan. Esta nueva descentralización debería también aplicarse en las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos Lo diré con una metáfora que lo entendamos todos: Es necesario salir de la M-30 y de la calle Santiago.

Y es que el reto demográfico exige una nueva política de Estado, por lo tanto que los ciudadanos: las mujeres y los hombres puedan decidir libremente donde quieren vivir, sin perder calidad de vida ni oportunidade. De tal manera que el medio rural pueda ofrecer los mismos servicios y derechos, llámense educación, sanidad y resto de derechos sociales, sin tener que convertir a los habitantes rurales en ciudadanos de segunda.

Por cierto, protegiendo al mundo rural, nos estamos beneficiando todos los españoles.