El fraude en los cursos de formación viene de antiguo. Su sombra es alargada como la del ciprés. Sombra que empaña, fundamentalmente a patronales, a sindicatos y a centros de formación sin escrúpulos que no aguantarían la prueba del algodón, porque a la primera pasada saldría ennegrecido de narices. La Fiscalía Anticorrupción está que no para dando saltos de una comunidad a otra y denunciando en los Juzgados los casos que se le acumulan por doquier. No hay una sola comunidad autónoma libre de sospecha. A poco que Anticorrupción quisiera iban a caer como moscas los implicados. Los que dan y los que reciben.

Andalucía y Extremadura se llevan la parte más flagrante. Castilla y León tampoco se vería libre si Anticorrupción cogiera la lupa y se pusiera a mirar con atención y dedicación. La sombra del fraude en los cursos de formación se extiende de Andalucía a Extremadura que tiene ya buenas salpicaduras. Tras un año de investigación la Fiscalía ha denunciado en los Juzgados de Badajoz a la patronal extremeña, Creex, a UGT y a Comisiones Obreras por haber cobrado, supuestamente de forma fraudulenta, 2,4 millones de euros en subvenciones de 2011 para planes formativos a trabajadores en activo.

Sobre ambas siglas sindicales pesan ya excesivos casos de fraude y corrupción. De ahí que resulte inexplicable ver desgañitarse a Toxo, denunciando la corrupción y el fraude político, cuando él lo tiene en la práctica totalidad de sus casas repartidas por la geografía española. Hombre, cierto es que no se puede coger el hisopo y, ¡hala!, liarse a esparcir agua y no precisamente bendita, sino manchada de la peor mugre sobre todo lo que huela a UGT y Comisiones Obreras. Algún justo habrá, digo yo. Pero hay que reconocer que ambas están muy tocadas, y con ellas infinidad de patronales locales y provinciales dirigidas por gente con pocos o nulos escrúpulos que solo utilizan el puesto para llevárselo calentito.

Anticorrupción parece dispuesta a no dejar pasar una sola y ha reclamado que declaren como investigados sus secretarios generales en la región, a la vez que ha pedido el embargo cautelar de los bienes necesarios de las entidades investigadas. Hay que garantizar las posibles responsabilidades civiles. Un escarmiento generalizado no vendría nada mal a unos y a otros. A los que consienten, a los que dan la orden, a los que la ejecutan y a todos aquellos a los que pierde la avaricia que, sabido es, siempre rompe el saco. Se les llena la boca hablando de los planes formativos para trabajadores en activo cuando todo es pura falacia. A esta gente, los de un lado y los del otro, los trabajadores les importan un bledo como ha quedado patente una vez más. La falsedad documental continuada y el fraude en las subvenciones están a la orden del día en este tipo de cursos de formación que sirven para alimentar a tantos y tantos pillos como habitan ese rellano en concreto del patio de monipodio español.