Con este Gobierno tan intervencionista que padecemos, apenas se ha salido de una obligación y ya se tiene otra encima. Las libertades individuales, a lo que parece, resultan cada día menores, más complejas y problemáticas y de más difícil cumplimiento. Es lo que hay, desde las ya habituales resintonizaciones de las antenas de televisión a la ley mordaza -aunque en este caso en algunos puntos se acierte, que el principio de autoridad debe mantenerse- pasando ahora por la obligación de identificarse ante cualquier entidad financiera con la que se tenga la menor relación.
Sin esperarlo, se andan recibiendo correos y mensajes -cada vez hay menos cartas- en los que se exige con un breve plazo de tiempo el envío de los carnés de identidad, ya sea como titulares de una cuenta bancaria o como poseedores de cualquier tarjeta de crédito, débito o compra. Es una ley que hay que cumplir, y cuyo incumplimiento, se avisa, puede tener incómodas consecuencias para el sufrido cliente, que puede acabar viendo su cuenta bloqueada, o cómo le rechazan su tarjeta al ir a efectuar un pago. Se supone que cuando el DNI sea escaneado y enviado a través de internet, que es la opción requerida, la normalidad volverá, hasta que inventen algo nuevo para incordiar al prójimo.
Es cuestión de control, se ha explicado. Este Gobierno al que le cuelan todo -lo mismo que antes a sus predecesores- en cuanto se trata de sacar el dinero de España y arramplar hacia los paraísos fiscales, parece decidido, como ha hecho Rajoy con su tratamiento de la crisis, a cargar todo el peso de sus fallos, frustraciones e incapacidades sobre las clases más débiles, sobre la gente de la calle. Control para saber qué se tiene, quién lo tiene, cuánto se tiene y en qué se gasta. Quieren conocer la actividad profesional y económica de cada cual así como el origen de los fondos que se manejan. Con estas nuevas medidas, ahora agudizadas, va a dar apuro hasta disponer de la propia pasta.
Mientras, Hacienda cuenta que hay ahora mismo en Suiza más de 24.000 millones de euros salidos de España. Y las acogidas a la amnistía fiscal de 2012, fueron nada menos que 32.000 cuentas, muchas de ellas y muy voluminosas pertenecientes a personas muy conocidas e influyentes, a la élite dirigente del país, y entre las cuales hay 715, políticos o vinculados a la política en otros tiempos muchos de ellos, que están siendo investigados por posible blanqueo de dinero. Sin contar a Bárcenas, Rato, y otros que no son pocos.
Con la aplicación de la ley antiblanqueo se quiere evitar que pueda evadirse dinero de procedencia turbia. Y van a buscar dinero donde lo hay, pero metiendo en el ajo a quienes no lo tienen, a quienes viven de sus salarios o de sus ahorros, a los empleados y a los comerciantes y empresarios que tantas veces tienen que hacer encaje de bolillos con los números para poder salir adelante. Y para eso extreman el control de la liquidez y de los movimientos en los bancos y del uso de tarjetas, como si ahí fuesen encontrar algo. Los del dinero negro, los de la corrupción, los del mucho dinero, saben muy bien cómo moverlo y distraerlo y cuentan para ello con profesionales avezados. Seguirán haciéndolo igualmente.
