Sesenta, parecen ser los más sonados casos de corrupción urbanística de los últimos años en España. Evidentemente, la lista puede extenderse mucho más si se va rebajando la «intensidad» de la corrupción. En todo caso, la distribución regional, de esos sesenta casos más sonados, sin incluir Ceuta y Melilla, por orden alfabético es la siguiente:
Andalucía: 11 casos. Aragón: 1 caso. Cantabria: 1 caso. Castilla-La Mancha: 2 casos. Castilla y León: 0 casos. Cataluña: 3 casos. Comunidad Valenciana: 6 casos. Extremadura: 1 caso. Galicia: 2 casos. Islas Baleares: 7 casos. Islas Canarias: 15 casos. La Rioja: 0 casos Madrid: 6 casos. Murcia: 5 casos. Navarra: 0 casos. País Vasco: 0 casos.
Es muy significativo constatar que solo se libran Castilla y León, La Rioja, Navarra y el País Vasco, lo que sugiere muchas reflexiones en cuanto a la idiosincrasia de las diferentes partes de España. En cambio hay una gran concentración de casos en todo el Mediterráneo.
La costa mediterránea se presenta como una zona más o menos homogénea territorialmente, pero donde han alternado temporalmente distintos colores del poder político, lo que permite analizar la posible correlación entre el color de dicho poder político y la intensidad de la corrupción urbanística.
Ya se sabe que en esta comunidad de vecinos que llamamos España, es como una matrioska, de esas muñecas rusas que levantas la grande y siempre hay una más pequeña debajo. Y así, debajo de la comunidad de vecinos España, aparecen las comunidades autónomas o regiones y las provincias, y los ayuntamientos, y en algún caso, hasta las comarcas. También sabemos que las competencias urbanísticas son originalmente municipales, pero hay dos circunstancias que llevan a considerar que el análisis desde el color político del poder autonómico o regional. Puede ser muy ilustrativo en cuanto a conocer cómo una u otra alternativa ha tenido mayor menor influencia en la corrupción urbanística regional; esas dos circunstancias son:
Una es que, en todo caso y aun siendo el urbanismo competencia originalmente municipal, la tutela siempre es regional, competencia de la comunidad autónoma.
Otra es que la experiencia muestra que existe una gran correlación entre el color político predominante en los municipios de una región, y el color político que ostenta el poder político regional en la comunidad autónoma.
Pues bien, si tomamos el Mediterráneo, que es donde parece haberse producido con mayor intensidad el gigantismo constructivo y el desastre urbanístico, vemos que allí viven más o menos 22,1 millones de personas en 6 comunidades autónomas. Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía, el color político y el porcentaje de tiempo constitucional que cada color político ha gobernado esas comunidades desde la transición ha sido:
Cataluña. 7 millones de habitantes, siempre gobernados por el color político «progresista»: socialista o nacionalista.
Valencia: 4,7 millones. 50% del tiempo constitucional gobierno «progresista» y 50% «conservador».
Baleares: 1 millón, 50% «progresista» y 50% «conservador».
Murcia. 1,4 millones, siempre «conservador».
Andalucía. 8 millones, siempre «progresista».
Me permito unir los colores socialista y nacionalista, bajo la rúbrica «progresista» porque los gobiernos de coalición regionales se han dado entre esos colores.
Si ponderamos en tiempo y habitantes el color político de gobierno resultaría que esa zona de España, desde la transición ha estado gobernada en un 88% de su peso en tiempo-habitantes por el color político «progresista» o nacionalista y en un 12% por el color político «conservador».
Lo que puede dar una cierta idea de cuál ha sido verdaderamente el color político principal en la autoría del desastre urbanístico de esa preciosa parte de España.
