La provincia de Zamora, una de las más ricas en patrimonio histórico-artístico del noroeste español, es sin embargo la de Castilla y León que cuenta con menor número de monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad, 84 edificaciones y monumentos de la provincia disponen de esta figura de protección, y otras 29 se encuentran en vías de declaración, con los expedientes administrativos pendientes de resolver. La cifra es exigua, ya que la región suma 1.248 bienes de interés cultural, lo que supone que sólo seis de cada cien monumentos BIC de Castilla y León se encuentran en Zamora.
La Ley de Patrimonio Cultural de la región, aprobada por las Cortes autonómicas en 2002, tiene como objetivo la protección de «los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico». También son objetivo preferente de esta ley el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, «así como las actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional». Los bienes más relevantes de ese patrimonio, señala la citada ley, «deberán ser declarados de interés cultural e inventariados».
La Puerta de Doña Urraca, declarada BIC en 1874, es el monumento zamorano más antiguo en este catálogo, que incluye a 31 inmuebles de la capital. El estado en que se encuentran algunos de esos monumentos obliga a reflexionar sobre la conservación del patrimonio arquitectónico de Zamora, una riqueza amenazada por el deterioro, en muchos casos, y en otros por el más absoluto de los abandonos. Aunque la Lista Roja del Patrimonio, que recoge aquellos elementos del patrimonio histórico español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, solo incluye un monumento zamorano, las ruinas de la iglesia de San Nicolás, en Castroverde de Campos -que ya cuenta con una subvención de 823.000 euros para su rehabilitación con cargo al 1% cultural del Estado- el catálogo del deterioro monumental zamorano es extenso, sobre todo en la comarcas de Tierra de Campos, Benavente y Los Valles. El fuerte de Villalpando, los castillos de Alba y Alfaraz, la fortaleza de Castrotorafe, los puentes romanos de Sayago, el hospital de peregrinos de Remesal y numerosos templos diseminados por la provincia son ejemplos evidentes de ese mal estado monumental que es preciso diagnosticar, en primer lugar, para actuar después en beneficio de su conservación.
Sería injusto no reseñar actuaciones que las Administraciones públicas han llevado a cabo durante los últimos años y que han permitido la recuperación y consolidación de patrimonio monumental dañado o en franco deterioro. El ejemplo de lo que se ha hecho durante la última década en varias iglesias románicas de la capital, como La Magdalena, y de Toro, el templo visigótico de San Pedro de la Nave, el monasterio de Granja de Moreruela, o el campamento romano de Petavonium, en Santibáñez de Vidriales, permite albergar esperanzas de que no todo está perdido. No son necesarias actuaciones ni muy costosas ni muy complicadas técnicamente las que se requieren, pero sí lo suficientemente efectivas en el objetivo de conseguir que no desaparezcan algunos edificios emblemáticos en situación de riesgo.
En ocasiones, la titularidad de los edificios históricos -muchos de ellos en manos privadas- obstaculiza las intervenciones arquitectónicas. Pero no es menos cierto que los poderes públicos suelen ser cicateos con el patrimonio histórico y que sólo invierten en la recuperación de ese patrimonio cuando aprieta la presión social. Es importante que la conciencia ciudadana despierte y empiece a considerar la relevancia económica que de cara al turismo y a la oferta cultural tiene la buena conservación del patrimonio histórico-artístico. Y el efecto contrario que provoca en el turista el descuido y el deterioro de los valores monumentales. Los ciudadanos de esta provincia hemos de ser conscientes de que la conservación del patrimonio histórico-artístico es un deber que nos atañe a todos, de igual forma que nos atañe denunciar los casos de abandono.
Las administraciones públicas locales y regionales deben, por su parte, poner los cimientos de un plan integral que involucre a los distintos poderes con competencias en el ámbito de la cultura, económicamente bien dotado y que tenga como fin la recuperación del patrimonio arquitectónico peor conservado de una provincia que si pretende consolidarse como destino turístico cultural de primer orden y como sede para la celebración de congresos debe hacer un esfuerzo notable por conservar los vestigios de una herencia histórica y artística de valor incalculable.
