La Junta urge al Gobierno a modificar el grado de protección del lobo
El consejero de Medio Ambiente reclama al Ejecutivo que la gestión del cánido retorne a las autonomías
Suárez-Quiñones cifra en un 30% el incremento de las reses muertas en la región por ataques del lobo
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha instado al Gobierno a modificar el grado de protección del lobo porque, "cada día que pasa se acumulan más daños en la ganadería", que calificó de "injustos e injustificados".
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Por este motivo, ha solicitado al Ejecutivo a que "regrese a la sensatez" y devuelva a las autonomías la gestión del cánido, en la línea expresada en diciembre por la Comisión Europea, según la información recogida por la agencia Ical.
Europa constata las diferencias sobre la protección del lobo
"El tiempo corre en perjuicio de Castilla y León", ha asegurado el consejero, ante las 5.600 reses muertas por ataques de lobo, un 30% másdesde que en septiembre de 2021 el lobo fuera blindado con su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de que el Gobierno devuelva las competencias a las comunidades autónomas para, en el caso de Castilla y León, poder gestionar directamente la regulación del lobo y volver a catalogarlo como especie cazable al norte del río Duero.
Denuncia por cepos en caminos
Por otra parte, el consejero se ha referido a la denuncia publicada la pasada semana por la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel), que acusaba a la Junta de "poner cepos en caminos públicos", acción que para el colectivo supone un "riesgo" para las personas y para la fauna doméstica y salvaje, así como una infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Ascel recurre la orden que protege al lobo por considerarla “insuficiente”
Sobre la citada denuncia, Suárez-Quiñones aclaró que la instalación de cepos para el radiomarcaje de fauna salvaje "está homologada" y que se basa en el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de Castilla y León.
Ascel denunció la pasada semana que naturalistas que realizaban un seguimiento de la población del lobo ibérico en la comarca de Montes Torozos en Valladolid, localizaron en un camino público al menos cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancias fija, que apuntaban a un lugar en el que se encontraba un cepo destinado a capturar lobos.