La protección del lobo está provocando una “guerra a la libanesa”: se enfrentan todos contra todos. Tras anunciar las comunidades autónomas loberas, recursos contra la orden ministerial que determinó la protección del lobo en toda España, ya ha formalizado el suyo ante la Audiencia Nacional la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), pero en sentido contrario: considera que la inclusión de toda la población española de ese cánido en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección (Lespre) es “insuficiente” y exige que sea incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo que la dotaría aún de mayor amparo.
El presidente de Ascel, Ignacio Martínez explicó las razones del contencioso: “Lo presentamos por coherencia estratégica. Siempre apostamos por el Catálogo, y no aceptamos las disposiciones adicionales de la orden ministerial (dejan la puerta abierta a la continuidad de los planes y programas autonómicos), porque son incompatibles con el marco legal vigente: o el lobo vive, como dicen el Catálogo y el Listado, o se mata como plantean los planes y programas autonómicos”.
Según Ascel, la gestión del lobo en el noroeste no ha sido hasta ahora buena, porque “continúan los daños”. Martínez opina que el mal estado de conservación del lobo, denunciado por la Comisión Europea, se debe en buena parte “a que se mata en Castilla y León”, lo que impide su expansión hacia otras zonas, como los sistemas ibérico y central. “Hay una barrera de fuego y plomo”, señaló. Resalta el “desconocimiento” de los gobiernos autonómicos y de otros “expertos” de la legislación vigente, porque la Constitución señala que la competencia en la protección de las especies silvestres corresponde al Estado, y que la ley básica ministerial del Patrimonio Natural y la Biodiversidad “prevalece sobre las normas autonómicas”. Además, que la inclusión de una especie en el Lespre o en el Catálogo es “competencia exclusiva” del Estado.
Vulneración de "principios básicos"
Por otro lado la abogada especializada en Medio Ambiente, Pilar Martínez, considera que la norma estatal que aumenta la protección del lobo y prohíbe su caza en todo el territorio “vulnera los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración”. Martínez, quien habla del incumplimiento de “principios básicos, que la vician de nulidad”.
A estos incumplimientos, Pilar Martínez añade que no puede sostenerse, como dice la propia orden, que “no contiene ninguna carga administrativa y no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado”, tal y como figura en la exposición de los motivos.
La letrada explica que, precisamente, estos principios que retóricamente dice cumplir la orden, son los que no cumple y constituyen causa de su nulidad, “como ha ocurrido con otras de este tipo que, cuando se estudian sus expedientes de elaboración, se constata lo desproporcionado de la misma, la falta de estudios científicos y técnicos rigurosos que avalen la necesidad y eficacia de las medidas que propone; la ausencia de justificación de verdaderos procesos de participación de los intereses afectados en la elaboración, como exige el derecho medioambiental, así como la inexistencia de mapas rigurosos sobre presencia de la especie a proteger y, muy especialmente, la falta de memoria económica”.
