Lo adelantó hace meses la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. La prohibición total de la caza del lobo se aprobaría antes del 25 de septiembre para evitar así nuevas subastas y autorizaciones de caza. Para satisfacción de ecologistas y pesadumbre de ganaderos hoy, 22 de septiembre, entra en vigor la orden ministerial que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) haciendo extensivo a todas las poblaciones de lobos del país el mismo nivel de protección con que hasta ahora sólo contaban las manadas radicadas en territorios al sur del Duero.
La orden ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y gobiernos autonómicos, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el Lespre “está suficientemente motivada, cuenta con una base científica sólida y responde al principio de precaución” confirmaba ayer el propio Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta medida, que a todos los efectos supone el blindaje total del lobo y la prohibición de la caza, entrará en vigor de manera inmediata y unificará los criterios de protección de la especie en todo el país. Sin embargo la Junta de Castilla y León, junto a las otras tres comunidades que albergan mayor población de lobo –Asturias, Galicia y Cantabria– confirmaba que acudirá a los tribunales para intentar paralizar la orden ministerial.
El Consejo de Estado: La Orden está suficientemente motivada, cuenta con una base científica sólida y responde al principio de precaución
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció la presentación, en los próximos días, de un recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial. El recurso, consensuado con los representantes de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación de la Orden “por los daños que causará en nuestro territorio”. Por la tarde Suárez-Quiñones celebraba un encuentro telemático con sus homólogos de las comunidades loberas y con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de ámbito nacional.
La consideración del lobo como especie de protección especial impide, según explicó el consejero, su gestión ordenada y racional, y provocará “un perjuicio enorme a la ganadería de Castilla y León y consecuentemente repercutirá en el abandono de los pueblos y en el agravamiento de la despoblación en Castilla y León”.
Suárez-Quiñones ha insistido en que “no existen razones que justifiquen la Orden Ministerial” aprobada ayer y así se lo han trasladado en numerosas ocasiones al ministerio de Teresa Ribera, al que ha afeado la contradicción de llevar el título de Reto Demográfico en su nombre “cuando en realidad esta decisión va precisamente en contra de la población rural”, apuntó el consejero.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente explicó que a partir de ahora el lobo será tratado en todo el territorio con los mismos controles que actualmente se aplican al Sur del Duero y apuntó como dato ilustrativo el hecho de que al norte del Duero vive el 75 % de la población de lobos y provocan el 25% de los daños, mientras que al sur del Duero, vive el 25 % de la especie y presenta el 75 % de los daños. “Esta será la situación a la que se verá abocada Castilla y León con la entrada en vigor de esta Orden Ministerial”, concluyó.
Suárez-Quiñones: provocará un perjuicio enorme a la ganadería y repercutirá en el abandono de los pueblos
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defiende que la inclusión del conjunto de poblaciones de lobo en el Lespre, que ahora queda sancionada, responde a la importancia de la especie como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas, y recibió el apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su reunión del 4 de febrero pasado.
La decisión cuenta también con el respaldo del informe de evaluación del Comité Científico emitido en 2020, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico observado en los últimos años y la congelación de su área de distribución se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie, motivo por el cual su estado de conservación entra dentro de la categoría de desfavorable inadecuado-U1. Por tanto, es “necesario promover un cambio en el modelo de gestión que las comunidades autónomas afectadas han aplicado hasta la fecha”.
Ahora estos argumentos han sido tomados en cuenta por el Consejo de Estado. En su dictamen, el órgano consultivo considera “suficientemente motivada” la inclusión del conjunto de la población lobera española en el Lespre en virtud del principio de “precaución o cautela” y valida la inmediata entrada en vigor de la orden.
Con la medida, únicamente podrán ser autorizadas capturas y extracciones de manera justificada cuando todas las medidas de prevención se hayan revelado ineficaces; con la garantía científica de que no comprometerán el buen estado de conservación de la especie y ante la evidencia de daños importantes o recurrentes en la actividad ganadera.
En las próximas semanas se remitirá el borrador de la nueva estrategia del conservación del lobo a los órganos colegiados de coordinación interadministrativa en la materia – Comisión y Consejo Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad- y a la participación pública, para su remisión final a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además el Miteco ha aprobado una partida presupuestaria para realzar un nuevo censo nacional del lobo, se ha designado un coordinador y se han avanzado los contactos para desarrollar las metodologías de trabajo.
Las Opas temen la extinción de la ganadería extensiva
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA acusan al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo. En un comunicado conjunto consideran que el Ejecutivo incumple su compromiso con las Organizaciones Profesionales Agrarias y toma una medida “urbanita e irresponsable”, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural y piden la dimisión de la ministra Teresa Ribera. Ya preparan movilizaciones en todas las zonas afectadas. La publicación de la Orden ha caído como un jarro de agua fría sobre los ganaderos y sus organizaciones representativas. Desde Asaja, COAG y UPA denuncian que la medida “es ajena a los intereses de la ganadería y del medio rural. El lobo causa graves daños al ganado, pues se alimenta de él, muy especialmente de aquellas explotaciones que practican la ganadería extensiva”.
Una decisión "desde los despachos"
Lamentan que “la protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección”, señalan desde las organizaciones agrarias. El malestar con el Ministerio para la Transición Ecológica es grande, pues consideran que se ha tomado una medida “tendenciosa e ideológica” basada en una falsedad como que el lobo está amenazado en España, cuando no es así. Además acusan a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de “falta de palabra” pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el Lespre. Por todo ello piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica. “El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará”, pronostican los ganaderos. “Seguiremos luchando y haciendo oír nuestra voz”, advierten las organizaciones. “No permitiremos que nos condenen a la extinción”.
