Juan Carlos Suárez-Quiñones expresaba ayer en Zamora su intención firme de continuar al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a pesar de todas las voces que han pedido su dimisión por los graves incendios que han arrasado la provincia este verano: desde las manifestaciones multitudinarias de junio y julio en la capital de provincia, a las organizaciones agrarias y la oposición autonómica en bloque.
“Entiendo todas las manifestaciones de disconformidad, es normal, pero cuando se quema un edificio y llegan los bomberos y lo apagan, nadie echa culpa a los bomberos de quemar el edificio”, declaraba ayer en Zamora el consejero, que defendió la actuación de los operativos de extinción en los dos incendios de la Sierra de la Culebra, ya que a su juicio “evitaron un daño muchísimo mayor, con unas condiciones excepcionales. En el incendio de junio se quemaron 1.269 hectáreas en una hora, cuando lo normal es que se quemen como mucho 100 o 200”.
El titular de Medio Ambiente reconoce que los medios de extinción se vieron superados en unos momentos en que se dieron “unas condiciones meteorológicas excepcionales”, pero añade que “se han apagado 1.200 incendios en lo que llevamos de año con los mismos medios”.
En este sentido, Suárez-Quiñones ha afirmado convencido que “la primera responsabilidad de un servidor público es trabajar, cuando ha habido un problema que ha tenido una respuesta que no ha sido suficiente, hay que hacer reformas, y en eso estamos”. Con estas palabras el consejero ha querido despejar cualquier duda o esperanza sobre su posible dimisión o cese, y ha reiterado que “lo que puedo decir a la ciudadanía es que estamos trabajando para armarnos mejor ante este problema”.
Un problema que el consejero ha achacado “un cambio en la meteorología por encima de todas las previsiones”, sin referirse directamente al cambio climático, pero sí ha recordado que “en agosto otras comunidades autónomas se han enfrentado al mismo problema que Castilla y León”, y que “también se ha dado fuera de España, en Francia, en Italia o en Grecia”.
Por eso, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha aseverado: “El que crea que es un problema de la Junta de Castilla y León está muy equivocado, se pueden pedir muchas dimisiones, pero no se va a solucionar el problema”. En este punto el consejero de Medio Ambiente ha defendido que se necesitan reformas de las normativas “a nivel estatal, autonómico y local, y muchas medidas de todas las administraciones”.
Respecto a las acusaciones de negligencia en el primer incendio de La Culebra, que ocurrió en época de “riesgo medio” de incendios forestales, a pesar de que se alcanzaron temperaturas próximas a los 40 grados, Suárez-Quiñones ha defendido que “se trabajó en base a unas previsiones meteorológicas que fueron superadas por la realidad, donde se preveían vientos de 15 a 20 kilómetros por hora, hubo vientos de 50 y con rachas de 70, pero trabajamos con las previsiones encima de la mesa, si luego se superan, a toro pasado todos somos muy listos y podríamos haber hecho otras cosas”. Además, el consejero ha recordado que declarar la época de riesgo alto conlleva también una serie de restricciones, sobre todo a la agricultura, que estaba en plena época de cosecha.
En el marco de estas reformas, el consejero se desplazaba ayer a Zamora para las reuniones donde estaban convocados, tanto los alcaldes como las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), para acercar posturas frente al plan de recuperación ambiental que va a poner en marcha la Junta en un plazo máximo de 10 años. “Se trata de recuperar la normalidad lo antes posible” ha incitado el consejero de Medio Ambiente.
A primera hora de la mañana, 28 alcaldes y alcaldesas, junto con algún presidente de junta vecinal, expresaron sus preocupaciones y críticas frente a la Junta. “He de reconocer que ha sido muy constructiva la reunión”, ha confesado Quiñones mientras ensalzaba el papel fundamental de los alcaldes durante los incendios.
Concretamente, en la reunión se abordaron todas las medidas que ha puesto en marcha la Junta, donde muchas de ellas han sido de emergencia, como la limitación del ganado o las obras en los montes para fijar los restos de la quema de madera, y así evitar que se produzcan arrastres y contaminen los ríos.
Otro de los temas fundamentales fue la saca de madera ya que por ley, al menos el 30% va para el Fondo de Mejora, no obstante, el Ayuntamiento puede decidir que se destine más parte. Además, el consejero ha incidido en que el dinero que va al Fondo de Mejora no es para la Junta, sino para mejoras en el monte o en el propio municipio. Asimismo, Medio Ambiente dará a estos municipios una ayuda a lo largo de los próximos diez años para compensar las sacas de madera que no se podrán hacer a lo largo de la década.
Otra de las reformas que ha citado Quiñones fue la del plan INFOCAL por el que se regula el mando de los operativos de incendios, y al que pretenden que se sumen los alcaldes de cara al próximo verano. “Son los mejores conocedores de su territorio y hay que aprovecharles bien para los incendios forestales” ha determinado.
Tras el decreto ley que se aprobó sobre la extinción de incendios, el gobierno autonómico está supeditado a potenciar el operativo. Por ello, en la Mesa de Diálogo Social la Junta está negociando con los sindicatos una actualización del convenio del personal laboral que apaga los incendios, que supondrá un incremento de la inversión en los operativos “de decenas de millones de euros en esta legislatura”.
En cuanto al trabajo silvícola, Quiñones ha confesado la necesidad de aumentar la capacidad para el trabajo silvícola. Sin embargo, también son realistas pues “Castilla y León tiene 5,1 millones de hectáreas forestales, limpiar una hectárea son 2.000 euros. Haciendo un cálculo muy sencillo son 10.000 millones de euros limpiar los montes en un año, si se limpian cada 5 son 2.000 millones al año”. Y añade que poco a poco van incrementando la inversión.
Además, no solo se trata de invertir dinero, “nos engañamos si creemos que la limpieza de los montes va a ser personas pagadas que vayan a limpiarlos, tiene que mejorarse el uso del territorio, el uso de la biomasa como recurso energético, promover la ganadería extensiva que se ha perdido con el paso del tiempo”. También ha criticado medidas concretas como la protección del lobo, pues va “en el sentido contrario al que pretendemos y hace huir a ganaderos de extensivo”.
Más tarde, Quiñones se reunió con COAG, Asaja y UPA donde les explicó que la Junta sigue evaluando los distintos daños para actuar tras las compensaciones de los seguros agrarios. Las organizaciones trasladaron sus peticiones como ayudas directas para el capital circulante. que permita la continuidad de la actividad agraria en las zonas afectadas, o la compensación necesaria para reparar o adquirir nuevas instalaciones ganaderas que se hayan visto afectadas por los incendios. También solicitaron la recuperación de las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) para la Reserva de la Sierra de la culebra que se posibilite un sistema de retirada de madera quemada donde la Administración asuma el coste.
