Monasterios, parroquias y casas particulares de Zamora dieron refugio entre 1792 y 1794 a unos 150 religiosos franceses obligados a huir del país después de que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto, el 26 de agosto de 1792, contra los eclesiásticos que se habían negado a prestar el juramento constitucional. El país vecino vivía los momentos más agitados de la Revolución Francesa y el clero fue obligado a abandonar el reino de Francia "so pena de deportación a la Guyana".
El decretó del gobierno francés provocó así la huida de más de 8.000 religiosos, una parte de los cuales terminaron en la provincia de Zamora.
El estudioso francés Claude Lacombe detalla en un interesante trabajo el resultado de la investigación llevada a cabo en el Archivo Diocesano de Zamora, donde encontró un legajo que le permitió identificar a los 150 eclesiásticos, detallar los lugares donde fueron acogidos así como las condiciones en las que llegaron a la provincia y las circunstancias de una estancia que fue mucho menos plácida de lo que podían esperar.
La propia ciudad de Zamora, Toro, Fermoselle, Moreruela, La Aldea del Palo (San Miguel de la Ribera), El Monasterio del Soto (Villanueva de Campeán), Valparaíso o Morales del Vino fueron lugares donde permanecieron los religiosos durante dos años. Al cabo de los mismos, revela Lacombe, "algunos morirán en Zamora, otros regresarán a Francia con riesgo de la vida antes del fin de la Revolución".
Procedentes de la diócesis situada en la mitad oeste de Francia, desde Bayeux hasta Pamiers, los presbíteros pasaron por no pocas penurias y aprietos hasta llegar a su destino. Tras recibir el pasaporte en septiembre de 1792, debían presentarse como "simples viajeros" si querían preservar su integridad. Las opciones eran viajar por tierra, atravesando los Pirineos; o por mar, desde Burdeos para arribar en los puertos de San Sebastián, Bilbao y Santander. Viajes salpicados de riesgos, con "múltiples controles" de los pasaportes, recibiendo "insultos, pullas, medidas vejatorias, intimidaciones o amenazas de golpes o de horca cuando los identifican como sacerdotes a pesar de sus trajes civiles" revela el investigador.
Si optaban por el mar los inconvenientes no eran menores, con "precios prohibitivos" para realizar viaje, "comida y bebida insuficientes", extorsiones o robos. "La llegada a España es por lo general poco gloriosa" describe Claude Lacombe.
El profesor francés, que publicó su trabajo en Studia Zamorensia, destaca la carta que diez sacerdotes llegados a Zamora remitieron al primer ministro, Pedro Pablo Abarca y Bolea (Conde de Aranda), en la que le exponen la falta de recursos para renovar una "vestimenta inconveniente" y reclaman medios para "cubrir su desnudez y proveer a su subsistencia para la cual no tienen siquiera el recurso de los honorarios de misas, una limosna sobre los bienes de los fondos píos de esta diócesis y subvenir así a su extrema necesidad".
En otra misiva el propio obispo describe al conde de Aranda la "difícil" situación de otros sacerdotes, pidiendo "los más tiernos y vivos sentimientos de humanidad y compasión". Las reclamaciones tuvieron su efecto con la firma de una Cédula real, firmada por Carlos IV, donde se establecerán las condiciones de acogida y de actividad de los eclesiásticos franceses emigrados.
Condiciones muy estrictas para el clero extranjero, pues "cualquiera que sea su lugar de alojamiento, no serán ni realmente monjes en el monasterio donde viven, ni realmente sacerdotes en la parroquia en la cual van a decir misa" detalla el autor del trabajo. Se les priva así de muchas de sus funciones eclesiales, pues tampoco podrán administrar los sacramentos, las misas dominicales se reservan al sacerdote de la parroquia, ni pueden implicarse en la actividad de las cofradías.
Según el relato de Lacombe, los religiosos llegaron a Zamora en el mes de noviembre de 1792. Prueba de ello es que el fraile Manuel de Santo Tomás, del convento de Fermoselle, donde vive una comunidad de 20 monjes, es informado a finales de ese mes de la llegada de dos sacerdotes franceses venidos de Bilbao. En este puerto recalarían medio centenar de "refugiados" como atestiguan los tres salvoconductos que se conservan en el legajo del Archivo Diocesano.
Otros tres sacerdotes estaban destinados al convento de Nuestra Señora de la Paz del Soto, donde viven 15 religiosos, pero se les negó alojamiento por falta de celdas, camas y ropa. "Es el único testimonio de una negativa o de una total incapacidad de acogida". También los monasterios tuvieron dificultades de acogida, por lo que el obispo de Zamora, Antonio Piñuela, apela a otras alternativas como casas de posada o parroquias. En diciembre ya están otros tres presbíteros franceses en el convento de San Ildefonso de Toro.
En ese mes llegan otros 46 sacerdotes procedentes de Bilbao. Cuatro son destinados al monasterio cisterciense de Moreruela, con una comunidad de 51 monjes. Sin embargo el abad, Manuel Carabal, comunica por carta al obispo de Zamora que no puede soportar su manutención y tan solo puede recibir a dos. "Cada uno excede de 200 ducados a el año, más costosa que la de un monje porque no se les puede obligar a la continuación de los ayunos y otras observancias regulares, cuya práctica, así como es necesaria en los monjes para mantener la monástica disciplina, disminuye los gastos con singular alivio del monasterio".
Tales dificultades de alojamiento obligan a colocar a 17 sacerdotes en casas privadas, 8 en posadas y 4 en casas de la condesa de Bado. El convento de Nuestra Señora de la Merced de Toro será otro destino de los refugiados que iban llegando a la provincia, tanto desde Bilbao como desde Santander.
