Visto para sentencia el juicio de la Perla Negra, con 11 acusados, tras 21 sesiones
La vista se ha desarrollado por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Última jornada del juicio del caso Perla Negra. / M. Chacón - Ical
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El juicio del caso conocido como "Perla Negra" ha quedado este miércoles visto para sentencia tras 21 sesiones celebradas de forma alterna desde el pasado 26 de febrero, una causa en la que permanecen procesadas once personas, entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios.
En principio, fueron doce los encausados, aunque las acusaciones, en sus conclusiones definitivas, retiraron los cargos que habían atribuido al empresario Alberto Esgueva, exdirector de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo ADE.
La vista se ha desarrollado por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como Perla Negra, y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid).
Decenas de testigos y peritos han declarado en la Audiencia Provincial de Valladolid, por hechos ocurridos entre 2005 y 2010, por los que todas las defensas reclaman la absolución.
Hechos desde la cúpula
El Ministerio Público - que establece un sobrecoste en la compra del inmueble de unos veinte millones de euros - considera que los hechos "fueron propiciados desde la cúpula" de la Consejería de Economía y Empleo, cuando era titular de la misma Tomás Villanueva, ya fallecido.
Para la acusación pública, el propósito fue "beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L.) y a los particulares que las gestionaban".
Última jornada del juicio del caso Perla Negra. / M. Chacón - Ical
La Fiscalía reclama penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión para los procesados y considera que se cometieron delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, la fiscal demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
En el caso de la exviceconsejera Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el Ministerio Público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para otros dos investigados, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y Francisco Armero, exdirector financiero de Gesturcal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos.
Por un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias pide seis años de prisión para Germán Martín Giraldo, exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta; Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta; Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo, y Carlos González, exconsejero del mismo Parque.
La Junta, personada como acusación particular, demanda penas para ocho de los once encausados, que oscilan entre once años y cinco meses la más elevada, para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y nueve meses para cinco de los empresarios procesados.
El PSOE, que ejerce la acción popular, reclama penas de entre 13 y 4 años de prisión y acusa por delitos continuados de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias; prevaricación y malversación de caudales públicos y ha retirado la petición de condena por delitos de fraude a la administración, cohecho y organización criminal.
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