Por una reforma de las mesas de negociación que garantice precios justos para el campo y la industria

Zamora fue la provincia pionera en la oleada de protestas del campo que comenzó a principios de este año. No es de extrañar que una sociedad eminentemente agrícola, donde 1 de cada 10 trabajadores en activo se dedica a la agricultura o a la ganadería, fuera la que organizó la primera de las tractoradas que, en cuestión de días, se extendieron por el resto del país y paralizaron las ciudades.

Tres meses después de esa oleada de manifestaciones, persisten los mismos problemas, pero los agricultores parecen haber desaparecido de las agendas política y mediática. En solo tres semanas 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea están llamados a elegir a sus representantes en Bruselas y no parece que las soluciones para el campo sean una prioridad en las campañas de comunicación de los partidos españoles, más enzarzados en la cuestión territorial, a pesar de que el Parlamento Europeo es la cámara de la que emanan las directivas que dirigen la política agraria española.

Para hacerse oír, el sector amenaza con volver a salir a las carreteras y cortar los pasos fronterizos entre España y Francia en vísperas de los comicios con nuevas tractoradas a las que acudirían algunos agricultores zamoranos.

Las primeras reivindicaciones del campo concitaron simpatías y gestos de solidaridad de distintos estamentos de Zamora, uno muy significativo, por parte de la Lonja Agropecuaria, que suspendió sus cotizaciones "en apoyo a los agricultores". Tras ese paréntesis, la Lonja retomó su actividad para suspenderla de nuevo el 5 de marzo, hasta la actualidad.

Los candidatos al 9-J tienen un buen granero de votos entre los profesionales del campo descontentos si son capaces de demostrar que verdaderamente les importan y serán útiles desde sus escaños para velar por los intereses del sector

Este organismo, que fija los precios de referencia para el sector en cereales, porcino de cebo, lechones y corderos, también ha sido objeto de las críticas de una parte de los manifestantes que en dos ocasiones han expresado frente a la sede de la Lonja, en la Rúa de los Francos, su descontento por los precios insuficientes que perciben por su trabajo. Paralelamente, la organización profesional agraria con mayor representatividad en la provincia, la Alianza UPA-COAG, había denunciado el desplome del precio de los cereales en la Lonja de Zamora pidiendo la intervención del Defensor de la Cadena Alimentaria de Castilla y León. Sorprende que la respuesta a las críticas sea el cese de las cotizaciones sine die, en lugar de escuchar a las voces que piden una representación equitativa de industria y producción en las mesas de negociación.

Los datos demuestran que, en la última semana de cotización, los precios reflejados en la Lonja de Zamora eran inferiores a los de organismos homólogos en provincias vecinas como León y Salamanca, tal y como señalaban las organizaciones agrarias y los tractoristas en sus protestas. Por ejemplo, al terminar febrero la tonelada de trigo cotizaba ocho euros por encima en el organismo charro, la cebada a dos euros más y el maíz siete euros por arriba del precio en la Rúa. Los agricultores de ambas provincias asumen los mismos gastos en gasoil, electricidad, fertilizantes y otros insumos, pero sus precios de referencia son distintos.

Ya han pasado casi diez semanas desde la última vez que la Lonja Agropecuaria de Zamora emitió cotizaciones, el 27 de febrero, y no hay fecha en el horizonte para que el organismo recupere su actividad.

Huelga recordar a todos los agentes implicados la importancia capital del sector primario para la economía de Zamora, donde la agricultura y la ganadería son la base del tejido industrial de la provincia, que transforma los productos del campo aportándoles valor añadido, y también del comercio y el sector servicios de la capital, que en buena medida siguen viviendo de ofrecer sus prestaciones a la gente de los pueblos. Más allá de esto, sin agricultura y, muy particularmente, sin ganadería no hay ancla que fije población joven en un mundo rural que pierde habitantes de manera acelerada.

Por todo ello, urge que los representantes de los productores y de la industria en Zamora se sienten a negociar unos precios que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, así como de la industria transformadora en la provincia.

Tanto la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León como el Ministerio de Luis Planas tienen la oportunidad de demostrar su utilidad como ejecutores de la Ley de Cadena Alimentaria, a través de sus organismos de mediación y vigilancia, para garantizar que todos los eslabones perciben unos ingresos justos por su actividad.

Por otro lado, los distintos candidatos al 9-J tienen un buen granero de votos entre los profesionales del campo descontentos si son capaces de demostrar que verdaderamente les importan y serán útiles desde sus escaños en la cámara comunitaria para velar por los intereses del sector primario.