Luz verde a la ley residencial que regula un nuevo modelo de atención integral para los usuarios de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy la conocida como ley residencial destinada a dotar a los centros de mayores, centros de día y centros de cuidados de larga duración de un nuevo modelo de atención integral centrado en la dignidad y derechos de las personas, calificada de “buena” por la Junta y el Grupo Popular y como una “mera declaración de intenciones” por la oposición socialista.

El proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, compromiso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se aprobó en el pleno sin que el PP asumiera ninguna de las 122 enmiendas de PSOE, UPL-Soria Ya y de Francisco Igea que llegaron vivas al pleno.

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Así, contó con el voto a favor de los socios de PP y Vox, en contra de PSOE, Podemos y Francisco Igea y con la abstención de UPL-Soria Ya y de Por Ávila, si bien tanto la titular de Familia como el popular Miguel Ángel García Nieto defendieron que la norma nace con un consenso básico institucional y social. 

En la presentación de la ley, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó que la nueva regulación vinculará a centros públicos y privados con la finalidad de reforzar los derechos de las personas que viven en los centros residenciales y utilizan los centros de día, también en el medio rural.

Blanco desgranó ante el pleno los títulos de la norma dirigidos al respeto a la dignidad y los derechos de las personas en los cuidados que reciben y subrayó que se trata de que su estancia en los centros sea lo más parecido a los hogares con la organización en unidades de convivencia, con una ocupación máxima de 15 plazas, salvo para los privados con un máximo de 16. 

Intenciones sin compromiso

El Grupo Socialista defendió ante el plenario 69 enmiendas a través de Isabel Gonzalo, quien calificó de “chasco y oportunidad perdida” esta ley para los usuarios y lamentó que “no se haya aprendido nada” de la pandemia donde afirmó que, como en Madrid, fallecieron personas en las residencias sin recibir la atención debida. “Lo que traen es una mera declaración de intenciones, no han escuchado a nadie”, definió.

Gonzalo rechazó que el modelo centrado en la persona sea pionero de la Junta cuando existe en Europa y en otras comunidades, afirmó que la regulación “mira más al pasado que al futuro, sin compromisos” para el Ejecutivo, y subrayó que se debe aumentar el dinero a la dependencia, pero se reduce y se “hace caja” pese a contar con más dotación del Gobierno. 

“Es un modelo de bajo coste”, valoró la socialista, que negó la existencia de consenso como afirmó la consejera y censuró que se ofrezca una atención integral sin los profesionales y sin establecer la ratio de los mismos, cuyo reglamento se emplaza a los ocho meses desde la entrada en vigor de la norma. 

Novedades de la ley

El nuevo modelo introduce expresamente el término de cuidados de larga duración, coincidente con los términos utilizados en el ámbito de la Unión Europea, y orienta la denominación de los centros en función de su especialización en cuidados para personas en situación de dependencia y con discapacidad, sustituyendo así al colectivo global de personas mayores en la denominación de los centros.

La pandemia ha evidenciado la necesidad de incorporar nuevos planteamientos en el diseño de los centros, tanto a nivel de instalaciones como de atención, con un diseño que permita evitar o, al menos, combatir de forma adecuada una situación extraordinaria por causas de salud pública. Así recoge tres elementos: sectorizar los centros en pequeñas unidades, contar con un plan de contingencias y dotar a los centros de una reserva estratégica de material de protección. 

Define un nuevo modelo de atención integral y centrado en la persona que ya se puso en marcha a través de un proyecto piloto, el programa denominado “En mi Casa”, con una muestra cercana a las 2.000 personas usuarias. El modelo que establece esta ley parte de la necesidad expresa de reconocimiento de la dignidad de cada persona necesitada de atención, sin distinción alguna.

Señala a los centros como la vivienda de las personas, indica que no son centros sanitarios, que estos deben estar constituidos por unidades de convivencia con ambiente y tamaño de un hogar familiar. Recoge que las ratios de los profesionales que presten los apoyos en los centros residenciales deben contar con la formación adecuada para garantizar la calidad de vida de los usuarios.

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También se promueve en la ley que los centros tengan la condición de centros multiservicios, para lo que se favorece que los centros aprovechen las infraestructuras de los barrios o pueblos para integrar en ellos las actividades que desarrollen para que formen parte de la oferta comunitaria y que sirva, además, para enriquecer la vida de la comunidad en general y de los pequeños núcleos de población en particular.

La ley introduce como novedad la creación de un sistema de verificación de calidad de los servicios residenciales. Promueve y regula una atención libre de restricciones, cuyo uso será siempre excepcional y temporal, y cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros.