Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una iniciativa de Vox para impulsar la elaboración de un Plan nacional del Lobo con una Estrategia para la Conservación y Gestión en convivencia con las actividades del medio rural; su exclusión del listado de especies de régimen de protección especial y la remisión a la Comisión Europea de información real y oficial.

Así consta en la PNL, que contó con una enmienda de adición del Grupo Popular, y recibió también los votos a favor de UPL-Soria Ya y de Por Ávila, junto con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Grupo Socialista y Podemos.

En la presentación de la PNL, el procurador de Vox José Antonio Palomo subrayó que las cifras de ataques de lobos al ganado en Castilla y León son “inasumibles”, defendió un equilibrio entre el control de las manadas de este animal y los ganaderos y saludó que la Comisión Europea haya tomado conciencia de este problema, aunque consideró que llega tarde.

Se remitió al crecimiento no solo en la comunidad y señaló que, en el caso de Castilla y León, desde 2014 hasta el año reproductor 2018 se calcula que hay “al menos, 35 nuevas manadas (+19 %), 25 al norte y 10 al sur del río Duero, que no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno de España a la hora de evaluar el estado de conservación de la especie en el sexenio 2013-18”.

Ataques

También, explicó que han aumentado un 29 por ciento los ataques de manadas de lobos a explotaciones ganaderas desde la inclusión del lobo en el Lespre, de poco más de 1.300 en el primer semestre de 2021 a los 1.717 registrados en el mismo periodo de este año.

Mercedes Cófreces (PP) expresó la posición a favor de la PNL de Vox, aunque defendió una enmienda para concretar los tres puntos de la iniciativa y planteó volver al régimen jurídico anterior modificado para que sea una especie protegida en el listado de Especies Silvestres, lo que estimó que perjudica a los ganaderos de Castilla y León.

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“La Comisión Europea nos abre el camino para que se pueda modificar”, argumentó la popular que propuso como enmienda de adición la inclusión de una nueva Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, derogar la Orden de protección y remitir a la Comisión Europea información real y oficial de las comunidades responsables de la gestión del lobo, en especial Castilla y León no recabada por el Gobierno en su informe 2013-2018.