El PSCyL exige que se cumpla el Reglamento y se celebre cuanto antes el debate de política general

La oposición socialista exigió este lunes que se cumpla con el Reglamento de las Cortes de Castilla y León y se celebre cuanto antes el debate de política general, retrasado por la Junta el pasado mes de junio por la celebración de las elecciones generales de julio, porque los ciudadanos necesitan respuestas a sus problemas.

Ante el inicio del nuevo curso político, la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, afirmó que será mañana en la Mesa y Junta de Portavoces cuando su grupo plantee que la celebración del conocido como debate del estado de la comunidad se desarrolle “cuanto antes” y advirtió que no puede estar al “albur” de la investidura de Alberto Núñez Feijóo o de nuevas elecciones.

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“El Grupo Socialista dirá (mañana) que se cumplan las leyes, el debate de política general no es un arma de cálculo electoral de la Junta de Castilla y León, sino un derecho de los ciudadanos”, argumentó Ana Sánchez, que lamentó que “estemos acostumbrados” a que los socios de PP y Vox “vulneren” normas y derechos en la comunidad.

Según recoge el artículo 149 del Reglamento de las Cortes, al que apeló la socialista, el debate sobre política general de la Junta de Castilla y León se celebrará con carácter anual durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que va de enero a junio, si bien siempre se ha convocado a finales de junio, en el cierre del mismo y antes de las vacaciones parlamentarias. 

Tras calificar de “apasionante” el nuevo curso político, recordó que los acuerdos de gobierno del Partido Popular con Vox tuvieron su origen en Castilla y León después del resultado de las elecciones autonómicas adelantadas por Alfonso Fernández Mañueco al 13 de febrero de 2022.

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En este contexto, ante una posible investidura fallida de Feijóo en la sesión convocada para los días 26 y 27 de septiembre, la dirigente socialista recalcó que en Castilla y León comenzó lo que es ahora una “cuadratura del círculo” con la autorización del pacto con Vox y el rechazó de su partido a un cordón sanitario a “la extrema derecha”.

Ana Sánchez remarcó que fue Feijóo, quien ya como nuevo presidente del PP, autorizó el acuerdo de Fernández Mañueco con Vox para formar Gobierno y ahora es a él a quien se pone un cordón sanitario porque no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante su investidura.

Reacción de Vox o desaparición

Según la socialista, en la comunidad donde “empezó todo” en la relación entre el PP y Vox se producirá también un nuevo ciclo político marcado por una posible reacción de “la extrema derecha” tras su pérdida de poder de representación en las pasadas elecciones si no quiere que la ocurra “la debacle” de Ciudadanos.

“¿Cómo se van a relacionar”?, se preguntó Sánchez, que señaló si seguirán como “el corderito manso del Partido Popular, que no les ha ido bien, porque solo han hecho seguidismo” o bien “tendrán capacidad de reacción” para no firmar su “desaparición”.

En esa línea, recordó al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, cuando elogia la salud de su pacto con el PP, que el anterior en el cargo, Francisco Igea, dijo lo mismo y poco después Fernández Mañueco adelantó las elecciones y se produjo “la debacle” de Ciudadanos.

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Sánchez avanzó un nuevo curso político de iniciativa de su grupo y con el liderazgo “fuerte, solvente y solido” de Luis Tudanca y aseguró que les “da igual” cuando se celebren las próximas elecciones, si Fernández Mañueco las vuelve a adelantar o se celebran cuando corresponde, porque, con independencia del momento, los socialistas saldrán a ganar como ya ocurrió en mayo de 2019.

Así, calificó de “desastrosa” la gestión de PP y Vox en la Junta y afirmó que en España no se quiere un gobierno “facistein” que no respeta normas ni derechos ciudadanos, motivo también, en su opinión, de que Feijóo no encuentre los apoyos para su investidura porque el resto de partido no quieren asociarse a la formación de Santiago Abascal.

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Sobre la gestión de los socios, se detuvo en los problemas ganaderos con la crisis de la tuberculosis bovina, el “desmantelamiento” del servicio de mediación laboral, los ceses en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a cargo de Mariano Veganzones (Vox) o el retraso en la resolución de las ayudas al alquiler.