El Gobierno llevará a Castilla y León ante la Justicia por su plan antiabortista

El Gobierno central ha pedido este domingo a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, a través de un requerimiento oficial, “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo después de que el pasado jueves el vicepresidente de la comunidad autónoma, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciase la intención de instaurar medidas antiabortistas y de fomento de la natalidad.

Ahora, Moncloa amenaza al Gobierno regional con llevar a los tribunales cualquier tipo de plan en esta línea. “El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrupción del embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, apunta el Ejecutivo central en un comunicado. Moncloa “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna”.

García-Gallardo visita Zamora

Mientras todas las miradas están puestas en el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el propio Juan García-Gallardo (Vox) visitará este lunes Zamora en compañía del consejero de Agricultura. La agenda oficial de la Administración regional anunciaba este domingo la visita en plena polémica por su plan abortista anunciado hace unos días para fomentar la natalidad.

Cese "inmediato"

En el requerimiento remitido ayer domingo, el Gobierno central solicita a la Consejería de Sanidad de Castilla y León que en caso de que la medida haya sido adoptada cese “de inmediato” cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca “cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación” al personal sanitario con la finalidad de “obligar” o “sugerir” a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a interrumpir el embarazo. El Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, tiene la intención de implantar medidas provida en la región tales como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales que se realizan en la actualidad y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El plan ha creado una gran polémica en los últimos días y los médicos de Castilla y León no han querido dejarlo pasar desapercibido. “Solo estamos sujetos a nuestro código deontológico, a la buena praxis y a las necesidades del paciente. Tenemos libertad de actuación, somos una profesión que se autorregula. No estamos sujetos a órdenes”, señala Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal y de la autonómica de Sindicatos Médicos (CESM).

Gallardo: “Nosotros no les tememos. No daremos ni un paso atrás”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, lamentó ayer, tras conocer el requerimiento a la Junta para que se abstenga de aplicar cualquier medida antiabortista, que “el Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás”, firmó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que su Ejecutivo “no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios”. Es más, añadió, “el Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del “solo sí es sí’ que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales”.

Así lo indicó en su cuenta de Twitter, donde abrió un hilo para precisar que la ministra de Sanidad, Carolina Arias, conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social”, sentencia.

También se pronunció ayer el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, quien afirmó que “afortunadamente, las mujeres de este país sí tienen quien las defienda; quien defienda sus derechos frente a la coalición del miedo de PP y Vox. La Junta de Castilla y León tiene que paralizar de forma inmediata cualquier actuación”, dijo.

La Junta defiende su autonomía para aplicar el protocolo a las embarazadas

La Junta de Castilla y León respondió ayer, ante el requerimiento del Gobierno de España sobre el protocolo a la mujer embarazada, que “cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas”, la primera, “el respeto absoluto a la ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios.

Además, en un comunicado recogido por Ical, el Ejecutivo autonómico añadió que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. “Velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León “estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León” y, por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará hoy mismo la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad.

En su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España, por un lado, que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia”.

En el marco legal

En segundo lugar, le recuerda, que esta la Junta “tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias”, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario.

La Junta de Castilla y León estudiará, asegura, si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta comunidad.